El Grupo Popular en el Parlament (GPP), a través de su diputada Sandra Fernández, criticó ayer la falta de planificación del Govern en el proceso de puesta en marcha de la renta social garantizada, así como las continuas contradicciones de sus responsables y, en especial, de la consellera Fina Santiago sobre el número de beneficiarios de dicha prestación. Así, según manifestó la diputada del PP, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación anunció ayer que actualmente hay 181 personas que cobran la renta social y que hay 252 expedientes pendientes de analizar, de los que el 60% se descarta por no cumplir los requisitos, una cifra que "queda muy lejos de las 4.000 familias a las que la consellera se refirió en diciembre de 2015", cuando se aprobó el proyecto de ley.

"Los primeros anuncios de la renta social los hizo la consellera durante la campaña electoral y hablaba de destinar 60 millones y de llegar a todas las personas que lo necesitasen. Después llegaron los matices postelectorales y la cifra se rebajó a los 20 millones y solo para familias con hijos menores", recordó la diputada Sandra Fernández. La consellera ha anunciado que su departamento tiene previsto ampliar, a partir de 2017, el pago de dicha renta a otros tipos de perfiles.