Desde hace cinco meses el catalán vuelve a ser por ley un requisito para ser funcionario en la Comunidad Autónoma balear y, por vez primera, también para ser empleado público. Sin embargo, las empresas, organismos, consorcios y entes instrumentales dependientes de la Administración autonómica no pueden exigir todavía la competencia en dicha lengua a los aspirantes a un puesto de trabajo en los mismos.
La razón estriba en la falta del reglamento que desarrolle la ley mediante la cual el catalán vuelve a ser obligatorio para acceder a la función pública. Hasta que no esté aprobado, en el sector público instrumental debe regir la misma situación que dejó el expresidente José Ramón Bauzá, que fue quien exoneró del requisito no sin una fuerte polémica.
El Govern actual explica que el texto está listo, a la espera de cerrar flecos con los sindicatos y del dictamen jurídico del Consell Consultiu, y asegura que "a finales de septiembre" el reglamento será aprobado y el nuevo statu quo cobrará plenamente vigor. Entretanto, las empresas y entes público no están obligados a exigir a sus empleados la competencia oral y escrita en catalán.
La polémica ha surgido a raíz de las críticas a IB3 por no exigir la lengua catalana como requisito para la plaza de nuevo director de los informativos de la televisión. Desde la conselleria de Función Pública señalan que la dirección de la cadena ha actuado conforme a la legalidad, ya que en estos momentos aún no le es de aplicación la nueva normativa en esta materia.
El conocimiento del idioma propio de las Illes Balears, como viene recogido en el Estatuto de Autonomía, vuelve a ser una condición para ser funcionario de la Comunidad. En el caso de los empleados del sector público instrumental, a partir de ahora también les será de aplicación. El Govern del socialista Francesc Antich aprobó que la lengua catalana fuera un requisito para ser funcionario en Balears, pero dejó fuera al personal laboral de las empresas públicas.
En 2012, el Ejecutivo del PP de Bauzá derogó ese punto y estableció que el conocimiento del catalán fuera solo un mérito, pero en ningún caso un requisito. El 31 de marzo de este año, el actual Pacto aprobó en el Parlament el regreso a la situación anterior a Bauzá, haciéndola extensiva al sector público instrumental. PSOE, Podemos y Més dieron su apoyo a una iniciativa legislativa de El Pi, y juntos tumbaron una de las medidas estrella -y más contestadas- de Bauzá.
No obstante, para poder exigir el catalán a los empleados de las empresas públicas dependientes de la Comunidad habrá que esperar a que se apruebe el citado reglamento. Fuentes de la conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas indican que el documento definitivo está pendiente de ir a la mesa sindical correspondiente; posteriormente deberá ser objeto de un dictamen jurídico del Consultiu, y finalmente aprobarlo el Consell de Govern. En la Conselleria calculan que en un mes el decreto estará aprobado.
