Tres años después de la huelga más larga vivida en la enseñanza de las islas, la Assemblea de Docents aún tiene 181.700 euros en la caja de resistencia, una cuarta parte de lo que llegó a haber en su momento álgido. El pasado día 2 de junio los docentes iniciaron una ronda de consultas por los centros para decidir qué hacer con ese dinero y una mayoría del profesorado que participó en la votación decidió conservar la caja.
La Assemblea abrió una cuenta el verano de 2013, cuando ya se había decidido activar una huelga indefinida el inicio del curso 2013-2014, primero de la aplicación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL).
Además de aportaciones de ciudadanos a nivel particular, la organización asamblearia llevó a cabo varios actos para recaudar dinero y contó con la solidaridad de distintos colectivos para ello: hubo un concierto de la Simfònica de Balears en el Auditòrium, una subasta de obras de arte donadas por artistas (de la familia Miró a Miquel Barceló), representaciones teatrales y multitud de actos reivindicativos en los que se recaudaba para la causa.
Así, la caja llegó a tener 732.666 euros: más de 121 millones de pesetas. De este dinero, se ha gastado apróximadamente el 75% (algo más de medio millón de euros) ¿En qué? La mayor parte del dinero gastado fue para docentes que hicieron huelga: 299.564 euros se abonaron a profesores que dejaron de ir a trabajar como forma de protesta y pidieron cobrar de la caja. El primer día de paro (el 16 de septiembre de 2013), más de 4.500 profesores secundaron la protesta según los sindicatos y la Assemblea.
Se establecieron unas normas "conservadoras" para cobrar: 60 euros por día de huelga. Según la información facilitada por miembros de la comisión de la caja de resistencia, muchos profesores no pidieron nada; algunos solicitaron la ayuda pero finalmente renunciaron a cobrarla; y, de los que sí la pidieron, la mayoría solo solicitó compensación por uno o dos días, cuando la huelga se alargó hasta tres semanas.
La segunda partida en la que más dinero se ha invertido es la asesoría jurídica: un 18% de lo gastado se ha destinado a solventar dudas legales y tramitar recursos y denuncias. En términos absolutos, la Assemblea de Docents ha gastado 101.810 en este concepto. Al menos desde febrero de 2014 se ha encargado de dar este servicio jurídico al colectivo docente el despacho de Josep de Luis, el abogado que fue candidato al Senado por Sobirania per a les Illes en las elecciones generales del pasado mes de junio.
El servicio de asesoría "ha servido y sirve para resolver muchísimas consultas de todo tipo: laborales, legales y jurídicas" y sin ella "muchas de las acciones emprendidas no se podrían haber llevado a cabo", indican portavoces del movimiento asambleario.
Recursos y denuncias
Cabe destacar que la Assemblea ha presentado varios recursos y demandas. La más destacada es la que interpuso en mayo de 2014 contra la entonces consellera Camps, acusándola de malversación de fondos públicos por sus viajes a Menorca, su isla natal. La denuncia fue archivada el pasado junio ya que la Fiscalía no apreció indicios de delito al creer que los viajes estaban justificados.
No fue el único recurso presentado contra un miembro del equipo de Educación de la anterior legislatura. En enero 2015 los docentes denunciaron a la entonces directora general de Ordenación, Isabel Cerdà, "por la aprobación masiva de proyectos TIL". Ese mismo mes denunciaron al responsable de Universidad, Antoni Alcover, por compatibilizar su cargo en Conselleria con su condición de vocal en el Colegio de Economistas. También se presentaron recursos para que los interinos cobren los meses de verano y otros contra resoluciones y órdenes relacionadas con la tramitación del TIL. En mayo de 2015 anunciaron un recurso contencioso por "falta de transparencia en la adjudicación de plazas a interinos". Un mes después, ya con el equipo de Martí March al frente, impugnaron los currículums LOMCE.
Un 10,5% del dinero (58.273 euros) que se ha gastado ha ido para sufragar la organización de distintos actividades lúdicas y reivindicativas (como las Marxes per l'Educació; debates; encuentros...). Un total de 15.709 euros se destinaron a "causas solidarias" mientras que 16.760 euros se usaron por "asumir como propias multas por acciones relacionadas con movilizaciones por la Educación".
Parte de este dinero fue para los estudiantes multados por hacer un piquete en el IES Arxiduc y otra parte se destino a ayudar a los jóvenes que irrumpieron en la conselleria de Educación en mayo de 2012 a abonar las multas decretadas. Un total de 44 estudiantes fueron condenados a pagar entre 720 y 810 euros cada uno.
