Los bancos estarán obligados por ley a que las personas desahuciadas porque no puedan pagar su hipoteca se puedan quedar en sus casas en régimen de alquiler. De esta forma lo contempla el borrador de la Ley de Vivienda que está elaborando la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad y que puede entrar en el Parlament para su tramitación a partir del mes de septiembre.
La medida es de calado, ya que se quiere evitar que las personas que no puedan hacer frente a su hipoteca se queden sin techo y, como mínimo, puedan seguir en sus casas pagando un alquiler. Esta posibilidad ya hay entidades bancarias que la ofrecen a los propietarios desahuciados. No obstante, a partir de la aprobación de la norma por el Parlament estará regulada por ley.
Por otra parte, para evitar que a las personas desalojadas se les pidan precios desorbitados para quedarse en su casa como inquilinos, la conselleria de Territorio se encargará de fijar el precio justo que tendrá que pagar el inquilino a la entidad bancaria. La forma elegida será la conocida como alquiler con opción de compra.
El Govern, según ha podido saber este periódico, tiene el claro objetivo de evitar que personas que por circustancias diversas no puedan hacer frente a su hipoteca, se queden en la calle. Hay que tener en cuenta que en el primer trimestre de este año se ejecutaron en Balears 626 desahucios ordenados por la Justicia, lo cual representa un incremento del 9,2% en comparación con el mismo periodo de 2015.
Menos ejecuciones hipotecarias
Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que en nuestra Comunidad Autónoma, la mayoría de los lanzamientos (65%) respondieron a incumplimientos de las condiciones de alquileres, un capítulo en el que se incrementaron un 20,7%. Otros 204 desahucios se debieron a la ejecución de préstamos hipotecarios insatisfechos, un ámbito en el que se registró un descenso del 13,1%. De enero a marzo de 2016 se presentaron en Balears 332 ejecuciones hipotecarias, un 47% menos que en el mismo trimestre del año anterior.
Por otra parte, la nueva Ley de Vivienda también incluirá un servicio de mediación que estará controlado por la administración. El objetivo de este servicio es el de resolver las situaciones conflictivas entre entidades bancarias y deudores hipotecarios. Asimismo, también podrá realizar funciones de mediación en deudas por alquiler de pisos arrendados o en ejecuciones de préstamos personales para viviendas.
La finalidad de este servicio es la solución extrajudicial de conflictos que puedan surgir entre la parte deudora de una hipoteca y la entidad financiera para evitar la interposición de una demanda judicial. Los bancos y entidades inmobiliarias tendrán la opción de firmar un convenio con la administración para poder utilizar el servicio de mediación.
La Ley de Vivienda marca los objetivos del servicio de mediación. Entre otros destaca el de ofrecer al deudor hipotecario un escenario donde pueda negociar en situación de igualdad con el banco, controlar la aplicación de posibles cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, proponer medidas que puedan aminorar las cuotas en caso de que el propietario no pueda hacer frente al pago íntegro de la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria y el desahucio de los propietarios.
Pobreza energética
La Ley de Vivienda que prepara el Govern también contempla toda una batería de medidas encaminadas a hacer frente a la pobreza energética. Entre otras iniciativas plantea la firma de convenios con los suministradores para que concedan ayudas a fondo perdido a las personas que no puedan hacer frente al pago de la energía en sus hogares.
Se podrá considerar en situación de pobreza energética, según recoge el borrador de la futura ley, aquellas personas que viven solas y tienen ingresos inferiores a 14.992 euros anuales. Asimismo, las unidades familiares y de convivencia con ingresos inferiores a 18.652 euros al año. De igual modo, las personas con gran dependencia o discapacidad con ingresos inferiores a 22.383 euros anuales y las personas con dependencia energética que necesiten máquinas de asistencia para sobrevivir.
En esta misma línea, el Govern ya reunió a las empresas eléctricas el pasado invierno para anunciarles una moratoria de corte del suministro por impago a las personas y familias necesitadas y que se demuestre que no pueden hacer frente a la factura de la luz. El Govern quiere evitar que se produzcan situaciones límite, en pleno invierno, de familias que se queden sin electricidad a causa de no poder pagar la factura y todos sus miembros deban pasar frío.
La nueva Ley de Vivienda también incluirá la creación de un dodo autonómico de rescate energético que se nutrirá de aportaciones de las eléctricas y la administración.
