El ministerio del Interior ha expulsado del Cuerpo Nacional de Policía a Rafael Rodríguez, el agente sospechoso de robar casi 3 millones de euros en la sede central del Grupo de Empresas Matutes en Eivissa capital. Rodríguez fue durante años escolta personal del exministro Abel Matutes quien, según una sentencia de la Audiencia Nacional, le ofreció un puesto encubierto de vigilante de seguridad en la sede de sus empresas, pagado con 1.500 euros al mes más el uso gratuito de una vivienda para su familia en el edificio.
Rodríguez ha pasado, en unos pocos años, de ser un policía con múltiples felicitaciones profesionales y que contaba con la amistad y confianza de su antiguo protegido, el exdirigente del PP Abel Matutes, a ser un exfuncionario que todavía tiene pendiente un juicio penal por el robo del siglo en Balears.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional, el agente compatibilizó entre 2009 y 2013 su trabajo en la Comisaría de Eivissa con las tareas de vigilante de noche de Empresas Matutes.
La mujer recibía el dinero
El exministro fichó a su antiguo guardaespaldas simulando que contrataba a la esposa de éste como limpiadora en uno de sus hoteles. La mujer, que nunca llegó a trabajar en ese establecimiento ni en la central del holding, cobraba 1.500 euros al mes y también disfrutaba de una vivienda familiar en Eivissa, un piso conectado con las oficinas del grupo turístico. El matrimonio y sus tres hijos residieron durante años en esa vivienda, hasta que el cabeza de familia fue detenido por el importante robo.
De acuerdo con la sentencia, la esposa de Rodríguez nunca se ocupó de la vigilancia del edificio, sino que fue el ahora expulsado quien realizó tareas de seguridad entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana de lunes a viernes. Los fines de semana la vigilancia corría a cargo de dos hombres "mayores", que tampoco disponían de los permisos para trabajar de vigilantes jurados.
El expedientado se ocupaba de hacer las rondas nocturnas por las oficinas y estar al tanto de los sistemas de seguridad . Si saltaban las alarmas de incendio o robo, se ponía en contacto con la empresas de seguridad exterior y restablecía la normalidad en caso de falsas emergencias.
La noche del robo
Pero todo cambió en la noche del 25 de octubre de 2013, cuando Rodríguez, presuntamente, desvalijó una caja de seguridad del edificio que protegía y se apropió de 2,7 millones de euros, de los que tan solo han sido recuperados 1,8 millones.
El vigilante usó, según su propia confesión tras ser detenido, un soplete comprado en internet para reventar la caja, una tarea que le ocupó varias horas y que fue especialmente penosa.
Pero el policía no ha sido expulsado del cuerpo por el robo, sino por trabajar de vigilante de seguridad para una empresa privada sin permiso de sus superiores y de manera incompatible con sus funciones oficiales.
El sospechoso ha ofrecido, tal y como aparece en la sentencia, hasta cuatro versiones diferentes de los hechos, en dos de las cuales admitió sin tapujos que había hecho de vigilante para Empresas Matutes durante varios años.
Tareas esporádicas
En otras dos manifestaciones Rodríguez se desdijo de sus primeras palabras y sostuvo que era su mujer la que prestaba servicios de limpieza y control para el Grupo Matutes y que él le ayudaba esporádicamente en esas tareas.
Ni el ministerio del Interior ni la Audiencia Nacional se han creído la versión exculpatoria del exagente. Ambas instancias coinciden en que su trabajo encubierto era incompatible con su condición de policía y merece la expulsión.
Los magistrados resaltan que la confesión de Rodríguez se hizo sin presiones exteriores y de manera voluntaria, a pesar de que él denunció, sin mucha insistencia, unas presuntas amenazas de dos inspectores en los calabozos de la comisaría de Eivissa cuando fue detenido.
Los jueces, además, destacan que un testigo, el responsable de la central de alarmas, explicó que el policía fue el vigilante de noche de la central de Empresas Matutes durante años y que siempre contactó con él para las incidencias. Esta persona también añadió que no conocía a la mujer del sancionado.
La sentencia no menciona para nada a otro agente del Cuerpo Nacional de Policía, que fue detenido como supuesto cómplice del robo. Este policía habría ocultado 800.000 euros del botín.
La sentencia puede recurrirse ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo.
