Las autoridades de las islas ponen el foco en las fiestas turísticas que se realizan a bordo de embarcaciones, prohibidas en áreas protegidas desde la aprobación de la Ley de Evaluciación Ambiantal.
La Guardia Civil ha iniciado una campaña para evitar el consumo de drogas en las fiestas que se celebran en embarcaciones, conocidas como party boats, y para realizar controles de alcoholemia a los tripulantes que pilotan estos buques. Durante esta campaña, en la que ya han realizado 20 inspecciones, se controla el aforo de las embarcaciones y se revisa la documentación requerida para llevar a cabo este tipo de actividades en el mar y el cumplimiento de la normativa sobre ruidos, informó ayer el instituto armado.
Además, se revisa que la tripulación tenga a disposición los chalecos salvavidas y las bengalas necesarias dentro del equipo de salvamento de cada buque y se informa a los patrones de la obligación de adoptar las medidas necesarias para el buen régimen de a bordo en caso de peligro.
Por otro lado, en este periodo informativo se ha dado a conocer también a las diferentes embarcaciones que realizan esta actividad recreativa la normativa vigente, que tienen obligación de conocer y aplicar, ya que de lo contrario serían sancionadas.
Al igual que en campañas anteriores, se realizan una serie de servicios orientados al funcionamiento de este tipo de eventos, con la intención de garantizar la seguridad e integridad física de las personas que participan en ellos, además de evitar las molestias que puedan causar a terceras personas. Hasta el momento se han realizado 20 inspecciones a embarcaciones de este tipo, en las que han participado agentes de la Guardia Civil de Baleares del Servicio Marítimo Provincial, el Servicio Aéreo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Servicio Cinológico, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif).
El Parlament aprobó el pasado día 21 de julio en un pleno extraordinario la Ley de Evaluación Ambiental de Balears que permite, entre otras cuestiones, regular la celebración de party boats en el archipiélago.
La medida más importante es que se veta la realización de esta actividad en todas las áreas protegidas de Baleares, es decir, en toda la isla de Formentera, un 50 por ciento del litoral de Mallorca, un 60 por ciento de la costa menorquina y un 30 por ciento del litoral ibicenco. La normativa prevé un régimen sancionador con multas de entre 6.000 y 100.000 euros para todas aquellas empresas que la incumplan. Antes de la entrada en vigor de la ley el Govern ya advirtió que la Conselleria de Medio Ambiente pondría todos los medios a su alcance para hacerla cumplir. La actividad de los party boats afecta especialemente al litoral de Eivissa y Formentera, aunque también a zonas de Mallorca como las bahías de Palma y Alcúdia y a la costa de Calvià.
