El Govern ha cerrado un acuerdo con la UTE que construyó el Palma Arena por el que pagará 22,4 millones de euros por el sobrecoste de las obras, 6,9 millones menos de lo que reclamaban las constructoras, según explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, tras el Consell de Govern. De este modo, se "pone fin" a los contenciosos que había interpuesto la UTE ante los tribunales, por los que reclamaba al Govern 29,3 millones, que la administración autonómica tenía pocas posibilidades de ganar ya que "son obras que e habían realizado". Además de los 6,9 millones de euros menos, Costa resaltó que de este modo también se reduce el pago de intereses de demora, que seguían creciendo.

El acuerdo con la UTE incluye un calendario de pagos de los 22,4 millones hasta el año 2019 y las constructoras se comprometen a subsanar deficiencias en el velódromo por un importe máximo de 2 millones de euros. Costa consideró que este acuerdo permite "resolver" este asunto de la manera "más beneficiosa" para las arcas autonómicas.

Afirmó que el Palma Arena es "una de las grandes hipotecas que la mala gestión del Govern de Jaume Matas" dejó a las arcas públicas autonómicas. El Ejecutivo de Matas adjudicó en 2006 las obras del velódromo con tres expedientes para la construcción de la estructura, la cubierta y la urbanización del edificio, por un coste inicial de 47,7 millones de euros. Una vez adjudicados, la cifra se modificó al alza, alegando que era imposible realizar las obras con el presupuesto licitado.

Sobrecoste

Así, el coste final, sólo por esos tres expedientes, asciende a 79,9 millones de euros. Sin embargo, Costa recordó que a esa cantidad hay que añadir otros gastos que están en manos de los tribunales, como "el famoso marcador" del velódromo, y precisó que "hasta que no acaben" las causas judiciales del caso Palma Arena no se podrá tener la "fotografía final" de lo que ha costado esta infraestructura. No obstante, calculó que la cifra total "seguramente superará los 100 millones de euros", con un sobrecoste del 60 por ciento.

El videomarcador al que se refería Costa centra la pieza 18 de la causa del Palma Arena, cuya instrucción cerró el juez José Castro el pasado mes de mayo. Se trata del presunto sobrecoste en la adjudicación del videomarcador del velódromo, que ascendió a 1,9 millones de euros. Con el cierre de la instrucción, Castro dio el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados al exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán junto a otros seis encausados.

Contenciosos

No obstante, el acuerdo alcanzado entre el Govern y la UTE no tiene que ver con las cuestiones que se encuentran bajo investigación judicial, es decir, con las causas penales abiertas desde 2008 por "malversación" de fondos públicos, en palabras de Costa. Los contenciosos que había interpuesto la adjudicataria habían quedado en suspenso en agosto de 2008, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma comenzó las actuaciones penales relacionadas con el velódromo.

El avance de estas actuaciones ha reactivado ahora procesalmente estos contenciosos. Costa insistió en que los 22,4 millones que pagará el Govern a la UTE son por obras que el Ejecutivo había encargado y que se realizaron, por lo que la administración autonómica al final tendría que pagarlas. El acuerdo con la UTE no afecta alas actuaciones penales ni modifica la personación del Govern en el caso, que aún se sigue instruyendo con distintas piezas separadas pendientes de juzgar.