La quiebra del touroperador británico Low Cost Travel Group el pasado 15 de julio afectó a 30.428 turistas en Balears y a un total de 1.839 establecimientos hoteleros de las islas, según los últimos datos aportados ayer en el Parlament por el vicepresidente del Govern y conseller de Turismo, Biel Barceló. Precisó que los turistas perjudicados interpusieron 2.487 reclamaciones en la administración balear y que ayer mismo por la mañana el administrador concursal informó al Govern que los afectados en todos los países por la insolvencia del touroperador quedarán cubiertos por el concurso de acreedores, siempre que hubieran reservado un paquete turístico.

Barceló compareció en comisión parlamentaria para explicar la gestión del Govern ante la quiebra de Low Cost Travel, de la que dijo que era "un caso de probable especulación", ya que "hasta el último momento estuvo vendiendo reservas cuando ya sabía que no podrían ser atendidas" y que quebraría. "Llevaba semanas sin pagar a los proveedores, de tal modo que tenía entradas pero no pagaba, preparando la quiebra con el máximo de dinero", dijo respecto al touroperador que dejó deudas por unos 50 millones de euros.

Barceló detalló las actuaciones realizadas desde el mismo día 15 por el Govern, entre ellas las de información a los afectados y el contacto constante con los organismos necesarios como el Consulado Británico, además de reunirse con los 80 empleados que tenía la empresa en su sede en el ParcBit de Palma. El vicepresidente recordó que el touroperador presentó la quiebra en el Reino Unido, por lo que "oficialmente esta quiebra no existe ante la justicia española".

Así, los trabajadores de la empresa en Balears se encuentran en una delicada situación, ya que "a día de hoy, aún no se ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y no pueden tramitar la prestación por desempleo y cobrar las indemnizaciones", por lo que el Govern ha instado a que se presente. Precisó que los empleados contemplaban la posibilidad de que Low Cost Travel Group cerrara su sede en Palma, pero "no sospechaban" que quebraría.

Respecto a los 30.428 clientes afectados en Balears, 21.932 eran turistas en Mallorca, 5.940 en Eivissa y 2.566 en Menorca. En cuanto a los hoteles perjudicados, 1.139 son establecimientos de Mallorca, 455 de Eivissa y 245 de Menorca. No obstante, Barceló precisó que la mayoría de estos hoteles pertenecen a dos grandes cadenas hoteleras, que no quiso desvelar, que son "solventes y fuertes" por lo que "no tendrán problemas" por la situación creada por la quiebra.

Recordó que Low Cost Travel Group había depositado ante la administración balear un aval de 1,2 millones de euros, cifra superior a la establecida en la regulación aprobada por el Govern del PP. Fue precisamente el portavoz del grupo popular en la comisión, Álvaro Gijón, el que se mostró más crítico con el Govern, aunque no tanto por las actuaciones realizadas sino porque, según dijo, la actuación del actual Ejecutivo ha sido similar a la del Govern del PP en la pasada legislatura ante casos parecidos y Barceló, entonces portavoz parlamentario de Més, acusaba al Govern del PP de "actitud pasiva".

En este sentido, recordó las críticas de Barceló al Ejecutivo de José Ramón Bauzá en 2013 por el caso de Orizonia. "Ahora yo le pregunto qué han hecho ustedes que no se hiciera entonces y sobre todo qué piensan hacer por los 80 trabajadores y las empresas afectadas por la quiebra en las islas", inquirió Gijón al vicepresidente del Govern.

"Hemos hecho el máximo de las gestiones que estaban en manos del Govern y en ningún momento me habrá oido decir que no era nuestra competencia, como yo sí escuché en el caso de Orizonia, que afectaba a 2.000 trabajadores, y otras empresas en contextos parecidos", replicó Barceló al diputado popular.

Impuesto turístico

Por otro lado, Barceló ofreció una rueda de prensa, antes de su comparecencia en el Parlament, en la que dejó claro que el Govern notificará a las empresas que aún no se han inscrito en el censo para el impuesto de turismo sostenible que "están incumpliendo unos plazos y tienen la obligación de darse de alta, con la advertencia de que pueden tener una sanción" si no lo hacen.

Resaltó que el Ejecutivo está "realizando una búsqueda" para localizar a estas empresas. "De momento, estamos en la fase de que se den de alta, después ya vendrá la segunda fase de sanciones", precisó Barceló quien advirtió de que el Govern "no tolerará situaciones de gente que se escape" del pago de la ecotasa.