La conselleria de Educación reaccionó ayer al decreto aprobado por el Gobierno en funciones sobre las reválidas de ESO y Bachillerato, cuya aplicación entraría ya en vigor el próximo curso (aunque sin efecto académico hasta el curso siguiente). Martí March, que ha solicitado la convocatoria urgente de una conferencia sectorial al Ministerio, consideró que así como están planteadas las pruebas "lejos de mejorar la calidad del sistema educativo, provocarán que haya más alumnos sin titular al no ofrecer alternativas a los que no las aprueben".

Coincidió con la opinión del conseller el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria (ADESMA), Llorenç Llop, que criticó el proceder "chapucero" por parte del ministerio de Educación, que dejará "en un limbo" a los estudiantes que no aprueben estos exámenes. Lamentó además que las reválidas pueden tener una especie de efecto disuasorio para los estudiantes que ya no se vean con mucho ánimo de acabar la Secundaria: "Los alumnos más inseguros o que tengan más dificultades puede que ya ni intenten acabar la ESO si saben que al final tienen una especie de Selectividad en la que se la jugarán todo".

Y es que los estudiantes que aprueben 4º de ESO pero suspendan la reválida no podrán repetir el curso. Su única opción, según la norma aprobada la semana pasada por el Ministerio, será matricularse durante un año en FP Básica antes de volver a presentarse a la reválida. La FP Básica es un ciclo de dos años al que se derivan los estudiantes de 2º de ESO que tienen dificultades para seguir las clases con sus compañeros.

En la FP Básica (sustituta de los Programas de Cualificación Profesional Inicial o PQPI) conocen los rudimentos de un oficio y se les da la opción de graduarse en ESO. Por eso desde los institutos se ve como "una chapuza" que se envíe a chavales que han concluido 4º de ESO a la FP Básica durante un año: "Es un despropósito", apuntó Llop, que además alertó de que a nivel práctico la medida puede generar problemas, al aumentar las ratios en estos grupos.

"Estamos en contra de este tipo de evaluaciones estandarizadas que únicamente comparan resultados y establecen rankings, pero es que además este sistema está muy mal diseñado", insistió Llop, "es algo que la federación nacional de directores, FEDADI, ya advirtió al Consejo Escolar, todos los directores vemos que es un sistema deficiente".

El director deploró además los tempos del ministerio de Educación -aprobando el decreto de reválidas a finales de julio- y la incertidumbre y confusión que genera su manera de proceder en los centros escolares, pero sobre todo en el alumnado y sus familiares. Llop recordó que el grueso de los alumnos de ESO ya se han matriculado y que los que el próximo año harán 4º han tenido que elegir ya si harán Matemáticas Aplicadas (enfocadas a la FP) o Académicas (orientadas a la Universitat) y que de momento no se han establecido puentes o caminos para que esa decisión no sea irreversible. Así, de momento y a falta de nueva normativa,al elegir qué Matemáticas hará en 4º de ESO un chaval de 13 años estaría decidiendo ya si hará FP o estudios universitarios.

En el caso de la reválida de Bachillerato, al menos los directores de Secundaria valoran que el ministerio permita que las universidades se encarguen de confeccionar la prueba y que los rectores hayan acordado hacer la misma. De esta forma, en la práctica parece que esta reválida seguirá siendo como la Selectividad, pero con otro nombre. Aún así, critican que no aprobarla suponga que los estudiantes se queden sin título de Bachillerato cuando hasta ahora lo obtenían si aprobaban los dos cursos (al margen de si superaban Selectividad o no).

El conseller de Educación, Martí March, reiteró ayer el "rechazo total" del Govern balear a la LOMCE y remitió una misiva al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, para pedir la reunión del ministerio y las comunidades con el objetivo de "paralizar la imposición de las reválidas" e iniciar un "debate tranquilo", tal y cómo se comprometió el ministro en las últimas Conferencias Sectoriales ante la "preocupación" mostrada por los distintos gobiernos autonómicos.