30 de julio de 2016
30.07.2016
Corrupción

El juez acusa a la cúpula de la Autoritat Portuària de manipular concursos

El magistrado imputa hasta siete delitos a los trece acusados, entre los que figura el empresario Gerardo Díaz Ferrán y Francesc Triay

02.08.2016 | 01:36
El juez concluye que Francesc Triay está implicado en la trama de corrupción portuaria.

Las claves

  1. Menorca. Se amañó el concurso sobre el club náutico de Maó
    La Autoritat Portuària convocó un concurso para explotar el club náutico de Maó. La empresa ganadora fue Trapsa, pero aceptó rechazar la explotación a cambio del concurso del puerto de Ibiza.
     
  2. Políticos. Juan Verger propuso alterar el resultado del concurso de Maó
    El entonces presidente de la Autoritat Portuària, Joan Verger, propuso a los directivos del club marítimo de Maó alterar a su favor el resultado del concurso. Se tenía que pagar dinero a Trapsa, más tres amarres.
     
  3. Empresarios. Gerardo Díaz Ferrán, implicado en la trama de corrupción
    El que fuera representante de los empresarios, Gerardo Díaz Ferrán, está implicado en la trama. Era el propietario de la empresa Trapsa Yates, la sociedad que ganó el concurso de Menorca y que renunció para adjudicarse el de Eivissa, a cambio de tres amarres.
     
  4. Organización criminal. El juez afirma que se han cometido hasta siete delitos
    El juez determina que se han cometido hasta siete delitos, entre ellos cohecho, malversación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

"Estado de corrupción sistemática en la Autoridad Portuària de Balears". De esta forma tan contundente el juez Antonio Rotger concluye la investigación del caso Mar Blau, un asunto que se centra en las prácticas corruptas que algunos de los responsables de la gestión de los puertos de Baleares realizaron para amañar las concursos de las adjudicaciones públicas. El magistrado ha propuesto que trece personas se sienten en el banquillo de los acusados para responder de los delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, malversación y pertenencia a organización criminal. Entre los trece acusados destaca la presencia del empresario Gerardo Díaz Ferran, el expresidente de la Autoritat Portuària, el socialista Francesc Triay, el exdirector de esta empresa pública, Angel de Matías o el almirante de la Armada, Juan Carlos Rodríguez Toubes. Otros de los imputados, que tuvieron una participación clave en la trama corrupta, como Juan Verger o Amado Justo Aguado, han fallecido durante la investigación.

El juez afirma que fue Juan Verger, presidente de la Autoritat Portuària, quien intentó amañar el concurso para adjudicar los puestos de amarre del Puerto de Maó. Verger mantuvo conversaciones, algunas de ellas grabadas, con los responsables del Club Marítimo de Maó, que pretendían renovar la concesión. El presidente de la APB propuso una solución al margen del procedimiento administrativo. Comunicó a los directivos del club menorquín que la mejor oferta había sido la de la empresa Trapsa Yates, creada por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (fallecido). La oferta del club había quedado en tercer lugar, aunque con la posibilidad de adelantar una posición. Verger explicó a los directivos que la empresa Trapsa estaba dispuesta a renunciar al concurso de Menorca, pero no lo haría gratis. Pedía dinero y tres amarres pero, sobre todo, exigía la adjudicación del concurso de Ibiza Nueva, que finalmente logró. Los directivos del club náutico firmaron un acuerdo con la otra empresa, vinculada a Trapsa, entregando 13.523 euros y tres amarres, valorados en 4,5 millones de euros. El entonces director de los puertos, Angel De Matías, tuvo una participación clave en este amaño, según sostiene el juez Rotger.

A Juan Verger, nombrado por el PP, le sustituyó Triay, quien fue secretario general del PSIB. Al nuevo presidente se le informó de la situación, tanto del concurso de Maó, como el de Ibiza Nueva y de los acuerdos adoptados. El juez concluye que Triay, "no solo no subsanó" el amañó, "sino que participó activamente en diversas reuniones sobre el arreglo ilegal del concurso de Maó", que fue aprobado bajo su presidencia. Sobre el concurso de Ibiza Nueva, también bajo su gestión, fue adjudicada a una empresa participada por Trapsa Yates.

En la resolución del juez se detalla los nombres de las personas, tanto funcionarios como particulares, que participaron en la manipulación de los concursos para las concesiones portuarias.

Cocinas gratis
El juez destaca que Angel de Matías y Amado Justo Aguado (fallecido) compraron dos pisos en el edificio Marina de Portitxol, en primera línea de mar. La empresa Dragados, que construyó la finca, a través de uno de sus directivos, "a cambio de ignorados favores, pero en todo caso en atención a su condición de funcionarios públicos", regaló dos cocinas nuevas a los dos directivos de la APB.

No fue el único regalo que recibió Amado Justo Aguado. La entidad Marina de Formentera, a través de un directivo y por medio de otra sociedad, regaló al alto funcionario de la Autoritat Portuària un apartamento, con garaje y trastero, en la isla. En los documentos se estableció que fue una compraventa, pero el juez Rotger concluye que fue una donación. Aguado logró recuperar el dinero que supuestamente pagó, al devolverle un supuesto préstamo que había hecho a una empresa. Este regalo del piso se realizó en compensación por la concesión, posteriormente anulada, del puerto de la Sabina de Formentera.

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