Podemos y Més per Mallorca registraron ayer una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar que se hagan públicos los bienes inmuebles que la Iglesia ha inscrito a su nombre en las últimas décadas. Así, quieren instar al Govern a recaptar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones de la institución católica en Balears desde 1946, año en el que Franco les otorgó tal privilegio.

Asimismo, piden que se elabore una lista de todos los bienes que han sido inmatriculados desde la llegada de la democracia y su impacto en su gestión, conservación y difusión. Además, exigen que el Govern solicite a las diócesis de las Islas que devuelvan los bienes inmuebles correspondientes y que se persone en cualquier caso judicial que pudiera surgir. También reclaman que se establezcan unas líneas directivas para que se dé a conocer el significado cultural e histórico de estas posesiones.

La diputada de Més Margalida Capellà denunció que la Iglesia aprovechó esta situación para convertir algunos terrenos en viviendas u hoteles. Por eso, mostró preocupación por si estuvieran "contribuyendo a un negocio inmobiliario". Por su parte, el diputado de Podemos, Baltasar Picornell, añadió que "una iglesia no se puede convertir en una discoteca. Esta anomalía juridico-social no puede continuar". El de la formación morada manifestó que se le había dado a la Iglesia un "derecho a robar". Unas palabras que desde Més matizan como "una apropiación de bienes dudosa".

Además, recordaron casos como el de la muralla de Artà, que ha causado polémica, ya que se registró en nombre de la Iglesia. También podría ocurrir lo mismo con el convento de Sant Jeroni de Palma, si bien Capellà no ha confirmado que sea así. Además, en esta línea apuntaron el intento de venta del oratorio de Son Orlandis, en Andratx.

Por eso, la diputada de Més subrayó que lo ideal sería que cada ayuntamiento pudiera ir caso por caso, pero no pueden. El motivo es que ahora mismo no se puede acceder a ningún registro que facilite estos datos de inmatriculaciones. "La competencia es de los ayuntamientos y que lo que se quiere conseguir es facilitar a los consistorios este acceso a la información para que puedan actuar en consecuencia". Esto "ya se está haciendo en el País Vasco", señaló Capellà, donde "se han llevado muchas sorpresas".

Capellà aseguró que en este tema hay una falta de transparencia e incompatibilidad del Estado por el principio de aconfesionalidad, ya que se equipara la Iglesia con una administración pública.

Tras exponer esta PNL, afirmaron que el PSIB "en principio" les apoyaría, lo que daría un impulso al proyecto para que pudiera continuar su recorrido y no quedara en nada.

Picornell recordó que fue en la época de Franco cuando se dio a la Iglesia la potestad de inmatricular fincas "de titularidad dominical dudosa" como una forma de privilegio.

La transición tampoco solucionó nada a su juicio, ya que "las inmatriculaciones continuaron vigentes de manera descarada". Ya en 1998, la modificación de la ley hipotecaria permitió a la Iglesia que se quedara con edificios religiosos, por lo que "equiparaba al Obispado con un funcionario".