Tras el registro de la Proposición No de Ley de Podemos y Més sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia, la Diócesis de Mallorca salió para defenderse de la polémica. Aseguraron que los bienes inmuebles que inscribieron entre 1998 y 2015 estaban incluidos en un acuerdo con el Estado que se firmó en 1865. Es más, sostuvieron que algunos de los bienes inscritos fueron adquiridos "en tiempos inmemoriables, previamente a la creación de los registros de la propiedad". En todo caso, afirmaron que si se apuntaron fue "precisamente porque eran suyos" y que "no es acertado hacer creer lo contrario".

Además, si desde Podemos decían que en la dictadura franquista obtuvieron unos derechos, desde la Diócesis consideraron que fue al revés, que supuso "una auténtica discriminación, ya que impedía disfrutar de las ventajas inherentes en la publicidad registral".

A esto, añadieron que los obispus Úbeda, Murgui y Salinas, responsables de la Diócesis durante el periodo en el que la ley hipotecaria estuvo vigente, actuaron "con la mayor prudencia para solicitar la inscripción de bienes inmuebles".

Al final remarcaron que cualquiera puede ejercer acciones judiciales si lo creen oportuno y que "los tribunales tienen la última palabra para dilucidar quién ostenta el dominio".