20 de julio de 2016
20.07.2016
Corrupción

Piden 32 años de cárcel por la red de captación de votos a favor de Unió Mallorquina

Los políticos financiaban con fondos públicos actos de los colectivos de sudamericanos para asegurarse el apoyo electoral del año 2007

20.07.2016 | 01:32
El fiscal pide seis años para el exdirigente de UM, Josep Lliteras.

La fiscalía de Palma solicita penas que suman 32 años de prisión para los exdirigentes del desaparecido partido UM que crearon la red, financiada con fondos públicos, para captar votos a favor de la formación política. La acusación se presenta contra ocho personas, pero el fiscal eleva la máxima responsabilidad hacia el que fuera director insular de Relaciones Institucionales del Consell de Mallorca y dirigente de UM, Josep Lliteras, para el que pide seis años de prisión. También sitúa al frente de la trama a Eugenia Cañellas, exsecretaria general técnica de Vicepresidència del Consell, y a la afiliada del partido, Coloma Munar. Para ambas se piden elevadas penas de prisión.

Según Anticorrupción, estas tres personas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron un plan consistente en captar, de forma directa o indirecta, el voto para el partido UM". Para llevar a cabo este plan utilizaron fondos públicos del Consell de Mallorca para financiar a personas que buscaban votos a favor del partido o instituciones contratadas para el mismo propósito. Sobre todo utilizaron a casas regionales y asociaciones de inmigrantes, a las que encargaron que realizaran entre sus afiliados tareas de "proselitismo, captación de voto y difusión del programa de UM", todo ello para "favorecer a dicho partido en las elecciones autonómicas de 2007", en las que obtuvieron el mejor resultado de toda su historia.

Los dirigentes del partido UM contactaron a representantes de estas asociaciones de inmigrantes, contratándolos a través de una empresa del Consell, y financiaron una serie de actos que organizaban. La fiscalía afirma que los dirigentes políticos fraccionaron los contratos, para evitar alcanzar los 12.000 euros, y financiaron actos políticos en los que participaron inmigrantes a los que se pedía su apoyo electoral. Hasta 19 actos distintos, con un presupuesto de casi 240.000 euros, se financiaron con fondos públicos. Los expedientes de contratación se tramitaron, para justificar los pagos, pero no se mencionaba la realidad del acto que se financiaba con este dinero del Consell. La fiscalía pide a los acusados que devuelvan el dinero malversado.

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