13 de julio de 2016
13.07.2016

El Supremo absuelve a Catalina Julve de fraude por la compra de sillas

El Alto Tribunal, no obstante, la condena por prevaricación al favorecer a un empresario de UM

13.07.2016 | 01:26
Catalina Julve, el día en que fue juzgada en Palma.

Caso Ibatur

  • Acusan a un exedil de Pollença

    La fiscalía anticorrupción reclama dos años y once meses de cárcel para el exconcejal de Fiestas y Ferias del Ayuntamiento de Pollença Miguel Ramón Amengual, a quien acusa de ordenar el amaño de las facturas de una empresa proveedora para que, en lugar de abonarlas el Consistorio, fuesen pagadas por el Govern a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en la época en que UM gobernaba la conselleria de Turismo en 2007. En total, mediante este mecanismo fueron sufragados 19.836 euros.
    El ministerio público solicita asimismo un año y tres meses de prisión para Matías Xavier Borràs, administrador de la mercantil que emitió las facturas. Sobre ambos acusados pesan un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro de estafa. Debido a que el Consistorio, falto de liquidez, adeudaba dinero a la empresa XL Grup CB -propiedad de Borràs- por servicios que ésta había prestado, Amengual decidió que las pagaría el Ibatur, ajeno totalmente al contrato.

­Catalina Julve, exconsellera de Medio Ambiente en el Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM), no ingresará en prisión al absolverle el Tribunal Supremo de un delito de fraude por la compra, en 2006, de un lote de sillas de plástico por la institución insular. No obstante, el alto tribunal estima que la operación fue constitutiva de prevaricación, dado que Julve actuó para beneficiar a Simón Galmés, militante de UM y empresario.
La sentencia ahora casada parcialmente fue dictada por la sección primera de la Audiencia de Palma el 30 de septiembre del año pasado. Julve fue condenada a dos años de prisión, una pena que habría tenido que cumplir en caso de que el Supremo no aceptara su recurso de casación. Ahora la pena para la exdirigente de UM ha quedado reducida a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por la prevaricación. Por su parte, Simón Galmés y otro empresario, Miguel Rullán Coll, también proveedor del Consell, fueron sentenciados, respectivamente a 6 meses de prisión y 9 meses y un día de privación de libertad. El Supremo también les declara ahora culpables de prevaricación y reduce sus penas a 3 años y medio de inhabilitación.
La Audiencia absolvió en esa misma sentencia a Julve de un delito de malversación de fondos públicos. La fiscalía anticorrupción reclamó durante la vista oral para la expolítico una pena de 7 años de cárcel. Julve rechazó antes de la vista una oferta de pacto de los fiscales, que rebajaba esa pena, pero conllevaba su ingreso en prisión.
La compra de las sillas benefició a Simón Galmés, un exmilitante de ALM (partido integrado después en UM), que era amigo personal de Miquel Riera, un conseller que falleció de forma repentina y a quien Julve sustituyó en el cargo. Galmés también fue absuelto de malversación por la Audiencia.
Miguel Rullán, militante de UM, se benefició de otro contrato amañado para comprarle sillas.
La exsecretaria general de Medio Ambiente, Coloma Castañer, confesó los hechos y fue condenada en Palma a seis meses de prisión, si bien la pena se sustituyó por una multa. El Tribunal Supremo ha anulado esa condena por fraude para Castañer y, al igual que los otros tres implicados, le ha mantenido la pena de inhabilitación por prevaricación.

Compañeros de partido

La Audiencia declaró que la exconsellera cometió fraude al autorizar la adquisición por el Consell de 2.150 sillas tras el amaño del expediente de contratación. Estas sillas se compraron a una sociedad de Simón Galmés, a quien Julve conocía por ser ambos militantes del mismo partido de Manacor. Julve se limitó a seguir las indicaciones que había marcado su antecesor, Miquel Riera, que según señaló la sentencia, ya manipuló otro contrato público, para comprarle al empresario Miguel Rullán otro lote de sillas para repartirlas por los pueblos. En ambos expedientes se utilizó el mismo sistema de amaño: se presentaron tres propuestas económicas de las mismas empresas, pero con el objetivo de que ganara la que habían elegido los políticos.
El Alto Tribunal estima que no hubo fraude porque el Consell adquirió las sillas de plástico a precios de mercado y eran unos objetos necesarios y útiles, puesto que los Ayuntamientos los usaron en festejos y eventos populares.
El Supremo, por el contrario, sí ve delito en la intención de favorecer a empresarios de UM.

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