Balears dispondrá el año que viene del mayor presupuesto público de su historia. El horizonte más conservador con el que trabajan en el Govern eleva en entre 230 y 250 millones de euros el dinero disponible para financiar los principales servicios públicos y poner en marcha inversiones clave, que en algunos casos acumulan años de retraso. Esos hasta 250 millones adicionales llevarán el presupuesto de la comunidad cerca de los 4.700 millones, una subida que rondará el 5% respecto a los 4.444 millones de gasto consolidado de 2016 (incluidos los 4.240 millones de las distintas consellerias y los más de 200 millones asignados a las empresas públicas).
Y eso en el peor de los casos, que el Govern no quiere lidiar con los sustos derivados de inflar las previsiones de ingresos. A los 230-250 millones extra de presupuesto disponible llegan en Hacienda tras sumar varias partidas. Primero, creen que crecerán los ingresos gracias a impuestos autonómicos como el de Transmisiones Patrimoniales, que va como un tiro gracias a la mejora de la actividad económica (este año la recaudación ha subido en el primer semestre un 24%, tras pasar de 155 a 194 millones). A eso se unirán los millones adicionales que llegarán del Impuesto de Turismo Sostenible, recién implantado este mes, que en 2017 se cobrará durante todo el año y podrá aportar hasta 70 millones de euros.
También se incluirán en los presupuestos hasta 70 millones de euros de convenios de carreteras del pasado que nunca llegaron a entrar en la caja balear. El Gobierno central los había firmado, pero desde hace cinco años Balears espera sin mucho éxito la aparición del dinero. Ahora parece que las islas lo verán de verdad, si esta vez el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cumple lo firmado en diciembre de 2015. En principio, esos 70 millones empezará a entrar este mismo año, aunque no se incorporará a las partidas de ingresos hasta los presupuestos de 2017, dando otro respiro a las cuentas del año que viene.
Y finalmente los recursos de la comunidad crecerán por las aportaciones del propio sistema de financiación autonómica. El mecanismo es complejo: la administración central entrega cada año lo recaudado dos años antes, y luego liquida de forma definitiva la diferencia entre lo aportado previamente y lo realmente recaudado. Lo que importa a la hora de elaborar las cuentas de 2017 es saber cuánto mandará el Estado el año que viene por tributos tan importantes como el IVA o el IRPF. Normalmente, el dato está disponible en julio, de modo que las comunidades pueden utilizarlo para elaborar unos presupuestos del año siguiente en los que los gastos y los ingresos cuadren. Esta vez, con la interinidad política que vive desde diciembre el Gobierno Rajoy, la cifra aún no ha llegado. Y en el Govern se temen que pueda retrasarse mucho, en parte como forma de presión del PP a las autonomías para que se decida cuanto antes si Mariano Rajoy sigue gobernando.
Cien millones más del Estado
En lo que se aclara quien Gobierna España, en Conselleria de Hacienda, liderada por Cati Cladera (PSOE), trabajan con una previsión de ingresos conservadora, con crecimientos mínimos de la aportación estatal. Gracias a la lentitud del sistema, en realidad es fácil hacer cálculos: basta ver cuánto se recaudó en 2015 para aproximarse a lo que llegará en 2017 (dos años después). Y la cuestión es que 2015 fue un buen año en lo económico, al menos en términos de recaudación, con lo que los 1.521 millones de euros que está aportando el modelo de financiación durante este 2016 deberían elevarse. Si se parte de la recaudación en Balears en el año 2015 de impuestos como el IVA (subió un 15%) o el IRPF, la aportación del Estado a las islas durante el 2017 en el que se liquida 2015 debería crecer un 6% (eso fue lo que avanzó la recaudación ese año en la comunidad), y pasar de los 1.521 millones entregados a Balears en 2016 a 1.610, 90 millones extra.
Con todo, los 90 millones más del Estado, 70 de convenios pendientes del pasado, hasta 70 adicionales del nuevo impuesto turístico y el fuerte crecimiento que están experimentando los ingresos por tributos autonómicos, las arcas públicas dispondrán de hasta 250 millones más. Balears rozará los 4.700 millones de presupuesto, que podrían ser más si el Estado se porta y adelanta (por una vez) una cifra que haga justicia a lo recaudado. Las islas habrán pasado de este modo, y pese a la crisis, de un gasto público de 3.328 millones en 2008 a 4.700 millones en 2017. Y eso es un 41% de aumento del presupuesto, salto que hay que atribuir en gran medida al actual modelo de financiación autonómica, negociado en 2009 por los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, en Moncloa, y Francesc Antich, en Balears.
¿Para qué será el dinero extra?
Esos más de 200 millones adicionales se verán en gran medida devorados por las crecientes amortizaciones de deudas del pasado (las islas aún pagarán durante décadas obras mastodónticas de tiempos de Matas como el Palma Arena, Son Espases, el metro o las autopistas ibicencas). Y además hay que cumplir con un objetivo de déficit aún más duro, que se comerá él solito 55 millones del aumento de recaudación (el déficit permitido pasa de unos 190 millones de este año a 135 el que viene).
Con lo que quede, que no será ya tanto, el Govern podrá afrontar sus promesas políticas. Parte de la recaudación adicional irá a la renta social garantizada, esos entre 429 y 776 euros al mes para los más excluidos. La ayuda entró en vigor este año pero ha de dar un nuevo paso, recogido en el Pacto de Govern entre PSOE, Podemos y Més (en 2016 cuenta con 20 millones, pero la promesa es que sean 60 millones al año antes de 2019). Además, el Ejecutivo presidido por Francina Armengol considera prioritario relanzan inversiones públicas clave, como las de depuradoras, aplazadas demasiado tiempo, con el riesgo que eso supone para el turismo y el medio ambiente. Y finalmente el Govern desea recuperar un proyecto mutilado el año pasado para habilitar fondos para la prometida renta básica : el plan de recuperación de colegios públicos que, en muchos casos, se caen a trozos tras los años de recortes del Govern Bauzá (PP).
