Al final hubo pacto de conformidad. Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern se han declarado hoy culpables del caso Ibatur y aceptan una pena de prisión de 14 meses para cada uno. Admiten haber cobrado, mientras estaban al frente de este organismo público, un total de 50.787 euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.
El exasesor jurídico del Ibatur Miguel Ángel Bonet, por su parte, también ha llegado a un acuerdo y se conforma con una multa al igual que los empresarios Bartolomé Morey y Kamal Dorai, proveedores del Instituto Balear de Turismo.
Tras la admisión de los delitos y el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones y las defensas, el presidente del tribunal, Jaime Tártalo, ha dictado sentencia firme in voce para Alía y Alabern, así como para otros tres acusados en este caso y ha absuelto a una sexta procesada, la esposa de uno de los implicados, a quien la Fiscalía ha retirado la acusación al entender que no tuvo una participación relevante en los hechos.
Alía y Alabern ingresarán en prisión porque sus defensas no solicitarán la suspensión de la condena.
El juicio es el segundo del caso Ibatur, relativo al desvío de fondos públicos desde dicho instituto, tras el celebrado también con condena en febrero de 2014.
En este caso, la Fiscalía considera que los exaltos cargos públicos contrataron a tres particulares de manera ilegal y arbitraria, evitando la concurrencia y con desprecio de las normas administrativas y además exigieron comisiones de alrededor de un 4% y diversos regalos.
Además, según la Fiscalía, Alía fue contratado como asesor para beneficiarle como compensación tras su renuncia a la gerencia del Ibatur. Dimitió en julio de 2004 al asumir la responsabilidad del llamado caso Rasputín, por haber cargado a las arcas públicas gastos realizados por una delegación oficial en el club erótico de dicho nombre en un viaje promocional a Moscú.
Las acusaciones han tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas para todos los acusados porque la investigación comenzó en 2009. Han aplicado además atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la Justicia en distinta medida para varios de los procesados.
En concreto, Alía ha sido condenado por cohecho, fraude y prevaricación a 14 meses de prisión, inhabilitación especial para cargo público en la administración por 3 años y multa de 12.696 euros, penas que se han fijado teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.
Además hará frente a una responsabilidad civil de 3.400 euros y, a medias con Alabern, de otros 50.787 euros. Estas cuantías ya las ha consignado.
Alabern ha sido condenado por los mismos delitos a 14 meses de prisión, inhabilitación de 3 años y multa de 13.196, así como a indemnizar a Ibatur con 2.000 euros y a pagar junto con Alía los 50.787 euros.
Para el ex responsable jurídico del Ibatur, Miguel Ángel Bonet, (que cumple condena de prisión por otra pieza de Ibatur), concurren las atenuantes confesión y colaboración con la Justicia, además de la dilación indebida, y ha sido condenado por fraude y prevaricación a 7 meses de prisión sustituibles por 1.680 euros de multa.
Uno de los empresarios beneficiados, que ha devuelto el dinero, ha sido condenado a 7 meses sustituibles por multa de 2.100 euros; y el otro, que confesó los hechos y colaboró desde el primer momento con la justicia, a 9 meses y medio de cárcel que se sustituirán por multas que suman 8.158 euros.
Cabe recordar que la Fiscalía acusa a Alía y Alabern de cobrar comisiones de hasta el 15% a cambio de adjudicar 'a dedo' contratos a los tres empresarios que también se han sentado hoy en el banquillo.
El Ministerio Público reclamaba diez años de cárcel para cada uno por presuntos delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad mercantil, falsedad de funcionario y cohecho. Del mismo modo, solicitaba cinco años y diez meses de prisión para el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet, tres años para Kamal Dorai, dos años y seis meses para la mujer de éste, Francisca Jaume, y 18 meses para el publicista Bartolomé Morey.
