Durante los cuatro primeros meses del año, la inversión privada en la construcción balear se ha reducido un 4,7%. En el caso de la inversión en obra pública, durante los cinco primeros meses el recorte llega al 31,1%. Estas cifras, que en conjunto muestran un ritmo de caída del 12%, explican el nerviosismo que comienza a respirarse en el sector y el temor ante lo que puede suceder a partir de octubre, porque en estos momentos solo uno de los cuatro motores que mantienen en el aire a las empresas del ramo muestra señales de fortaleza, como es la edificación de viviendas. Pero las obras vinculadas a las reformas turísticas, las de centros comerciales y de oficinas, y las que promueven las Administraciones públicas están en números rojos.
Según los datos facilitados por la asociación de constructores de las islas, la inversión privada ha sumado, entre enero y abril un valor de 317,7 millones de euros, de los que dos tercios llegan de la mano del mercado residencial. En concreto, la inversión vinculada a la vivienda, ya sea de nueva planta o relacionada con su reforma, asciende a 209,5 millones de euros y marca la única noticia positiva para el sector, ya que ello supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 5,7%.
El gerente de la citada patronal, Bartolomé Mayol, reconoce que los proyectos residenciales vuelven a adquirir el protagonismo que históricamente han tenido en este campo, aunque no se oculta que las islas tienen un problema de escasez de suelo, y además de alto valor del disponible, que sigue siendo un freno a la hora de desarrollar las actuaciones necesarias para poder atender las necesidades de la población residente.
Pero en el resto de segmentos, la evolución es negativa, y las empresas no dudan en achacar a los nuevos equipos de gobierno del Pacto una parte importante de la responsabilidad en esta materia.
Primer dato negativo: la inversión en proyectos de contrucción relacionados con el sector turístico se cifra en esos cuatro meses en casi 90,3 millones de euros, lo que supone una bajada del 10,6% si se compara con la que se registró durante el mismo periodo de 2015. Mayol no oculta que una parte de este descenso se explica porque durante los pasados ejercicios un elevado número de establecimientos hoteleros desarrollaron los trabajos para su reforma y, en muchos casos, incrementos de categoría, una actuación que una vez ejecutada tarda muchos años en repetirse. Pero se reprocha al Govern que preside Francina Armengol que haya adoptado cambios en la normativa para impedir que los establecimientos situados en zonas maduras que realizan esta mejora para elevar su categoría puedan ganar dos alturas, lo que en opinión de esta patronal supone suprimir incentivos que favorecían el que estas actuaciones se pusieran en marcha, algo que además se ha hecho en un momento en el que el sector dista mucho de haber recuperado unos niveles de actividad normales.
Segundo dato negativo: la inversión relacionada con centros comerciales, oficinas o naves industriales ha alcanzado entre enero y abril un valor de 17,8 millones de euros. En este caso, la bajada respecto a 2015 es de un 47,8%. Aunque se nuevo se reconoce que durante los últimos años ha habido una intensa actividad en el apartado comercial que explica la importancia de esta caída, se subraya igualmente que el Pacto ha aprobado durante los últimos meses moratorias que impiden la implantación de nuevas grandes superficies, aunque éstas se han visto suprimidas en el caso de la Platja de Palma.
Un aspecto a señalar es que el recorte del conjunto de la inversión privada se debe a la situación de Mallorca, donde se reduce un 9,6%, ya que en Menorca crece un 0,7% y en las Pitiüses se eleva un 7,7%.
Tercer dato negativo: la inversión en obra pública, en este caso durante los cinco primeros meses del año, alcanza en Balears los 89,1 millones de euros, y en aquí el desplome es más que notable, al situarse en un 31,1%. La bajada más importante corresponde a la inversión de la Comunitat Autònoma, con un recorte del 82,8%, mientras que la que realizan Ayuntamientos y Consells Insular baja un 27,4%, y la del Estado desciende un 9,5%.
