La fiscalía anticorrupción reclama sendas condenas de 10 años de cárcel para Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, que fueron directores-gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) entre 2003 y 2007 y a los que acusa de pedir a proveedores del Govern sobornos del 15% de los contratos. La Audiencia tiene previsto juzgar este caso el próximo lunes y podría haber un pacto de conformidad, lo que disminuiría considerablemente las penas.

Además de Alía, defendido por José Ignacio Herrero, y de Alabern, representado por Jaume Campaner, figuran como acusados el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet, cuyo abogado es Gaspar Oliver; y los empresarios Kamal Dorai Mrabet, su esposa Francisca Jaume, y Bartolomé Morey.

Alía y Bonet están acusados en el juicio de Nóos y han sellado un acuerdo de conformidad con la fiscalía anticorrupción. Bartolomé Morey también tiene la condición de arrepentido en esta pieza separada del caso Ibatur y los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán solicitan para él dos penas de 9 meses de prisión.

Casi 130.000 euros

La fiscalía sostiene que los amaños de concursos y los sobornos pagados por los proveedores a los gerentes del Ibatur costaron a las arcas públicas casi 130.000 euros.

Según anticorrupción, los proveedores que pagaban cohechos cargaban esas cantidades en los contratos públicos, por lo que era finalmente el Govern quien costeaba esa corrupción.

La acusación pública mantiene que la supuesta trama de corrupción en el Ibatur, que era el organismo de la conselleria de Turismo del Govern que mayor presupuesto gastaba, benefició personalmente a sus exgerentes. Juan Carlos Alía estuvo al frente del instituto desde el verano del 2003 al verano del 2004. El acusado tuvo que presentar su dimisión a raíz del escándalo del club de alterne moscovita Rasputín. Una delegación de altos cargos del Govern de Jaume Matas estuvo una noche en ese local y cargó los gastos de copas y otros servicios al Ejecutivo.

Raimundo Alabern sustituyó en el puesto a Alía y habría decidido beneficiar a este con fondos del Ibatur a pesar de que ya no pintaba nada en ese instituto.

Supuestamente dos fueron los sistemas para desviar fondos públicos para el exgerente: la simulación por el Govern que contrataba sus servicios para asesorías y otros menesteres y el pago por al menos un proveedor del Ibatur de comisiones a cambio de contratos públicos.

Alía creó en septiembre del 2004 la empresa Amengual y Pino Consultores, de la que ostentaba el cien por cien de las participaciones sociales.

La consultora del exgerente recibió, entre 2006 y 2007, tres encargos del Ibatur por los que cobró un poco menos de 36.000 euros.

De acuerdo con los fiscales anticorrupción, el acusado no realizó ningún tipo de servicio o asesoramiento al Govern del PP y se limitó a cobrar los fondos públicos.

Cóctel para periodistas

Los expedientes para justificar esos pagos incluían tres conceptos: asesoramiento para aumentar los turistas alemanes en temporada baja; cóctel para periodistas especializados en Fitur 2007 (Madrid); y cena para informadores y agentes de viajes en la ITB de Berlín de 2007.

Respecto a los sobornos, el escrito de acusación de la fiscalía mantiene que el empresario Bartolomé Morey aceptó seguir pagando a Alía el 15% de cada contrato con el Ibatur, a pesar de que el segundo ya no era gerente del mencionado instituto.

Alabern y Alía habrían pactado repartirse esas mordidas que Morey ha reconocido abonaba con dinero negro o simulando contratar a Amengual y Pino para ficticias asesorías.

El acusado arrepentido pagaba en efectivo a Alía y Alabern en cafeterías, parques, la sede de Amengual y Pino o en las oficinas de sus empresas. Morey también entregó otros 126.400 euros a la empresa de Alía por falsos asesoramientos.