El alcalde de Sóller, Jaume Servera, y su antecesor en el cargo, Carlos Simarro, expresaron ayer su "absoluta tranquilidad" con respecto a los negocios municipales mantenidos con Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), la asesoría que está siendo investigada por Anticorrupción. Asesorado por los técnicos municipales, el alcalde afirmó que todo lo relacionado con CGI "se realizó de forma completamente legal", y recordó que el ayuntamiento "se negó a pagar la factura de 286.000 euros que pretendían cobrar", al margen de los casi 18.000 pactados. En términos similares se expresó Simarro, que también aseveró que "todo se hizo de forma legal". Desde los servicios económicos municipales explicaron que el Ayuntamiento no abonó ninguna factura a CGI, pese a la "insistencia" en cobrarla. La presencia de la Guardia Civil en el Ayuntamiento retrasó la junta local de gobierno porque la secretaria tuvo que atender a los agentes, que acudieron vestidos de paisano.