La comparecencia ayer en el Parlament del director general de Presupuestos, Joan Carrió, para explicar su informe sobre la facultad de Medicina, en el que planteaba serias dudas sobre su viabilidad presupuestaria, no sirvió para convencer a la oposición respecto a que la financiación de estos estudios esté garantizada, a pesar de los esfuerzos de Carrió quien insistió en que el contexto ha cambiado desde que elaboró su informe.
Carrió incidió en que su informe, del 5 de abril, es anterior a la flexibilización del objetivo de déficit para 2016 del 0,3 al 0,7% del PIB. De acuerdo a estos nuevos objetivos, Hacienda realizó el plan económico y financiero de la Comunidad que, según dijo, contempla la puesta en marcha de la facultad y que está en manos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). Ante la petición de la portavoz de Podemos, Laura Camargo, de conocer este plan, precisó que aún se trata de un documento de trabajo que debe ser aprobado por la AYRef aunque se mostró convencido de que recibirá el visto bueno.
Al aumento del déficit permitido, añadió los ingresos del convenio de carreteras de acuerdo con el protocolo entre el Gobierno central y el Govern de diciembre, así como la revisión de las previsiones de ingresos de los tributos propios y cedidos. Precisó que con estos cambios, la previsión de ingresos no financieros del Govern aumenta en unos 150 millones de euros respecto al presupuesto inicial de 2016, lo que unido al déficit permitido del 0,7% posibilita "dar cobertura a las necesidades de mayores recursos" del Ibsalut y Educación, de tal modo que "se despejan las dudas que podía haber" sobre proyectos del Govern, incluida la facultad de Medicina" que, cuando esté implantada en su totalidad en nueve años, habrá costado 24 millones de euros. A partir de entonces, el coste previsto es de unos 4 millones anuales.
Carrió resaltó que su informe "forma parte de un expediente fiscalizado de conformidad por la Intervención General de la Comunidad" y que "las cautelas expresadas" se han tenido en cuenta en su mayoría, por lo que "ha servido para minimizar los riesgos de infraestimación de los costes" y "asegurar su financiación plurianual". Concluyó que "las dudas que pudiera haber sobre la financiación" de la facultad han quedado despejadas y que "con el escenario presupuestario actual, será posible afrontarlo sin necesidad de ningún ajuste adicional".
Una de las cuestiones que mencionó es que el informe valora la propuesta de "un modelo de facultad más ligera en lo que se refiere a la estructura de personal", ya que el 60 % de las plazas son de profesorado asociado. Esta cuestión sirvió a Camargo para lanzar su primera crítica: "Se plantea una facultad low cost y low quality", dijo la portavoz de Podemos en referencia al elevado número de profesorado asociado que compatibilizará el ejercicio profesional con las clases. Dejó claro que Podemos mantiene sus dudas sobre la viabilidad de la facultad, reservas que compartió Sugrañes. La diputada popular afirmó que esta inversión no puede "supeditarse a una posible mejora de la financiación" de Balears, después de que Carrió criticara la mala financiación de las islas y al ministro Montoro por su afán de "recentralización política" y el "chantaje" a Balears. Xavier Pericay, de Ciudadanos, también dejó claro que Carrió no le había convencido, al contrario que el socialista Vicenç Thomàs y el líder de El Pi, Jaume Font, que defendieron la puesta en marcha de la facultad y los beneficios para Balears.
