La Audiencia de Palma tiene previsto juzgar el próximo mes a dos exdirectores gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, a los que la fiscalía anticorrupción imputa varios delitos de corrupción. Alía es uno de los acusados en el juicio de Nóos, donde ha pactado una sentencia de conformidad con anticorrupción, mientras que Alabern colaboró hace unas semanas con el juez Castro en el esclarecimiento de otro supuesto caso de corrupción investigado en el caso Palma Arena.

El caso Ibatur empezó a ser investigado en 2009 por el juzgado de instrucción dos de Palma y luego fue dividido en piezas separadas. Además de Alía y de Alabern figuran como imputados y acusados en el sumario otros excargos del Ibatur, como Miquel Àngel Bonet, exasesor jurídico del Ibatur y también arrepentido en el caso Nóos, así como publicistas y otros empresarios que durante años fueron proveedores del instituto que más millones del Govern gastaba en promoción turística de Balears.

Entre esos encausados destacan Miguel Jaume, propietario y administrador en 2010 de las empresas Trui Espectáculos y Feria Service, y Bartolomé Morey, director en ese año de la sociedad Comunicación Creativa y vinculado a Aires de Llevant.

Mallorca Classic

Otra de las líneas de investigación del caso Ibatur fueron los torneos de golf organizados con fondos públicos por las sociedades Mach Golf Consulting y Reial Pula Golf. Ambas sociedades cobraron más de 17 millones de euros por los torneos bautizados como Mallorca Classic, que se hicieron en s'Era de Pula (Son Servera).

Juan Carlos Alía Pino, defendido por José Ignacio Herrero y para el que el fiscal reclama 9 años de cárcel, estuvo en prisión preventiva unas semanas por este caso.

Alía y Alabern, representado por Jaume Campaner, fueron acusados de numerosas irregularidades en este sumario.

Según un auto del magistrado Juan Ignacio Lope Sola, fue el exasesor jurídico del instituto dependiente de la conselleria de Turismo Miquel Àngel Bonet quien desveló la existencia de amaños de contratos y pagos con fondos públicos por trabajos no realizados.

Según los investigadores, entre 2003 y 2004, cuando Alía era el responsable del Ibatur, y entre 2004 y 2007 cuando su puesto fue ocupado por Alabern, se adjudicaron a dedo numerosos contratos. También se habrían fraccionado contratos mayores en muchos pequeños para eludir el sacarlos a concurso y poderlos asignar a dedo.

Al parecer, la conselleria de Turismo ya disponía de un listado de proveedores afines al PP a los que se les daban los principales trabajos. Los proveedores, a cambio, habrían pagado comisiones del diez por ciento de cada contrato por lo que los precios se inflaban frecuentemente.

Falta de justificación

Otra de las anomalías detectadas fue la falta de justificación del destino de los fondos públicos. El Ibatur pagaba las facturas a los proveedores sin que éstos aportasen justificantes de los trabajos realizados.

De hecho en algunos expedientes aparecían fotografías de los servicios prestados, pero estas mismas imágenes se usaron para varios contratos.

Otra sociedad que fue investigada fue Amengual & Pino, constituida por Juan Carlos Alía Pino y Juan Antonio Ramonell Amengual. La consultoría fue bautizada con los segundos apellidos de sus socios y sirvió, según la fiscalía, para cobrar comisiones.