Las apuestas estaban claramente volcadas hacia la posibilidad de que los nuevos gobiernos del Pacto salidos de las pasadas elecciones autonómicas entraran en colisión directa con el sector turístico, y más concretamente con el hotelero, ante la pretensión de implantar de nuevo una tasa sobre los visitantes. Pero donde las chispas han saltado primero y con mayor intensidad ha sido con los colectivos más vinculados a la actividad inmobiliaria, con la escasez de suelo edificable como uno de los puntos de fricción.
Ciertamente, los reproches sobre la falta de terrenos urbanizables en zonas como Palma o Calvià se habían lanzado ya sobre los anteriores dirigentes del PP, y más concretamente sobre el Consell de Mallorca, reacios a poner más suelo para usos residenciales a disposición de las empresas promotoras. Pero ha sido durante los últimos meses, en buena medida por el impulso que se ha detectado en la demanda extranjera (especialmente intenso en el caso del alquiler), cuando han saltado todas las alarmas respecto a las dificultades que los isleños padecen a la hora de acceder a una residencia.
Las voces que advierten de que la falta de vivienda nueva, que además es cara, está impulsando la demanda hacia la segunda mano y el alquiler, cuyos precios también se ven elevados hasta niveles inasumibles para buena parte de las familias residentes, son numerosas, y pasan por diferentes colectivos vinculados al sector inmobiliario, desde promotores a agentes de la propiedad, y desde estos últimos se señala además que durante la temporada turística resulta ya prácticamente imposible encontrar un inmueble de alquiler salvo productos de muy baja calidad.
El reproche que se dirige al Pacto es el de su pasividad a la hora de buscar fórmulas que permitan sacar al mercado nuevos solares cuyo valor permita la edificación de inmuebles a precio asequible (se recuerda que muchas familias no pueden superar desembolsos de 150.000 euros por una vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes y a causa de los bajos salarios a los que éstos pueden aspirar).
Pero la historia de este desencuentro no acaba aquí, como se ha puesto en evidencia durante las últimas semanas. Decisiones del Govern como el suprimir las ventajas que se concedían a los hoteles que se reformaban y elevaban su categoría, o del Consell de Mallorca al aplicar una moratoria contra las grandes superficies comerciales, sumado todo ello a la debilidad de las inversiones en obra pública, han generado una mezcla explosiva. Y la cerilla ha sido el final del plazo que se había dado para poder construir nuevos chalés en urbanizaciones sin alcantarillado (concluyó el pasado día 23) y las reticencias de algunos partidos de izquierdas a prorrogarlo.
Las relaciones entre Govern y sector constructor viven ahora una tensa calma, a la espera de que el Parlament decida el próximo día 14 si se aprueba o no la reclamada prórroga, inicialmente respaldada por El Pi, Partido Popular y Ciudadanos.
