Francisco Javier Ortega, abogado de Mercedes Coghen, exconsejera delegada de la empresa pública Madrid-16, pidió ayer la libre absolución de su clienta porque 14 testigos, entre ellos los exalcalde y vicealcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo, han acreditado que la acusada no desvió fondos públicos a Iñaki Urdangarin. Ortega insistió en que la fundación Madrid-16, que pagó 144.000 euros a Urdangarin para captar votos en el seno del Comité Olímpico Internacional (COI) para la candidatura olímpica de la capital de España, era una entidad privada y no desarrolló ningún servicio público.

El abogado incluyó entre los testimonios a su favor el de la también exalcaldesa de Madrid por el PP Ana Botella, que no ha depuesto ante el tribunal, pero de la que se han aportado unas declaraciones escritas.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama para Coghen 5 años y 3 meses de cárcel. Según el defensor, Horrach solo dedicó cuatro minutos de su informe final a la exjugadora de hockey olímpica, "lo que no nos ha permitido conocer los fundamentos de la acusación".

"Ha quedado acreditado en el juicio que la Fundación Madrid 16 no realizaba funciones públicas, no prestaba servicios públicos. Madrid 16 funcionó hasta 30 de abril de 2008 como una entidad privada, luego hubo una reforma legal", resaltó el abogado.

El convenio entre Madrid-16 y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) de Urdangarin se firmó en 2007, por lo que, según el defensor, en ese año la primera era una fundación privada.

"El Ayuntamiento de Madrid consideraba privados los fondos de Madrid-16 y los importes satisfechos fueron dedicados a los fines de Madrid-16, no hubo desvíos de fondos. Coghen no tuvo responsabilidad en el convenio", argumentó Ortega. El penalista destacó la existencia de "otros muchos convenios similares de Madrid 16 al de Urdangarin y que no han sido objeto de acusación". De hecho, otro captador de votos cobró 3 millones de euros. "Madrid-16 no era una fábrica de delitos", apostilló el abogado.