El Govern le aprieta un poco más las tuercas al alquiler turístico ilegal. Aprovecha para ello el reglamento definitivo del Impuesto de Turismo Sostenible, que se aprobó ayer en consell de Govern y servirá para empezar a aplicar el cobro de entre 0,5 y 2 euros por viajero y noche el próximo viernes, 1 de julio. En el último intento de dejar claro qué considera alquiler turístico, el Govern tira por la vía del medio y cataloga como arrendamiento vacacional obligado a pagar ecotasa todo aquel que se prolongue durante menos de dos meses.
En esa visión tan amplia del alquiler vacacional, el Govern estaría tipificando de partida como turísticos incluso arrendamientos que se hagan en pisos en edificios residenciales, cuya explotación turística está prohibida desde 2012. Es decir, le quieren cobrar un tributo a quien ya opera en negro desde hace tiempo. El Ejecutivo balear va incluso un paso más allá y considera turísticos los alquileres en cualquier tipo de vivienda que se hagan por menos de dos meses pero al abrigo de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que es la que se utiliza para inquilinos comunes, la que exige un contrato y una entrega de fianza en el caso de cada cliente que entra.
¿Qué ocurrirá con los alquileres de menos de dos meses que se hagan con la LAU y realmente no sean turísticos? Pues que en caso de que algunos de los quince inspectores de la Agencia Tributaria de Balears se ponga en contacto con los propietarios e inquilinos, serán estos los que tendrán que demostrar que el alquiler no es a a turistas. ¿Cómo? "Invertimos la carga de la prueba. Bastará con que muestren un contrato y que tengan la fianza depositada", resume la directora de la Agencia Tributaria de Illes Balears, Maria Antònia Truyols, que cree que no habrá ningún caso de alquiler a turistas bajo el supuesto amparo de la LAU en el que el propietario de verdad tenga la fianza depositada como toca.
Truyols explica que esencialmente se tipifica como turísticos a todos los alojamientos que presten servicios propios del sector (como los de limpieza del piso) y por supuesto todos los apartamentos que se comercialicen a través de canales turísticos tales como agencias de viajes, portales tipo AirBNB e incluso agencias inmobiliarias que operen con viajeros. "Quedarán fuera del impuesto todos los que no prestan servicios turísticos y todos los que se comercializan por menos de dos meses que demuestren que no se trata de un alquiler turístico", recalca a su vez la consellera de Hacienda, Cati Cladera.
De este modo el Govern trata de evitar que el alquiler turístico encuentre en la ecotasa una nueva vía de hacer competencia desleal a alojamientos que, como hoteles, albergues o vivienda de alquiler dadas de alta como vacacionales, sí pagan el Impuesto de Turismo Sostenible. De paso impone una nueva amenaza de sanción a quien opte por hacer alquileres turísticos en las viviendas de edificios residenciales, que hoy lo tienen prohibido, a la espera de la reforma legal ya en marcha con la que el Govern permitirá en los próximos meses que este tipo de apartamentos se alquilen legalmente a turistas, si cumplen unos mínimos de calidad y se dan de alta como negocio turístico.
400 euros de multa
Con lo que quienes a partir del próximo viernes sean cazados parapetándose en la LAU para hacer alquiler turístico, tendrán que afrontar además multas por el impago de la ecotasa por valor de entre el 50 y el 150% de la cantidad defraudada. Lo que no deja de ser un tanto kafkiano: podría darse el caso de que a algún propietario le pillasen usando irregularmente la LAU para alquilar un apartamento en edificio residencial a turistas (algo ilegal en Balears), y acto seguido le reclamasen un tributo, la ecotasa, por hacer algo que de partida no está permitido (salvando las distancias, sería algo así como coger a un traficante vendiendo droga y denunciarle por no pagar el IVA).
La consellera de Hacienda del Govern, Cati Cladera,y el vicepresident y conseller de Turismo, Biel Barceló, recordaron además ayer que el tributo hay que cobrárselo a los viajeros a partir del próximo viernes, día 1 de julio. Aprovecharon para avisar de que durante el mes de julio todas los alojamientos turísticos (desde hoteles a apartamentos de alquiler) deberán darse de alta en el registro de Turismo. Finalizado el mes de julio, la Agencia Tributaria balear cruzará datos como la Hacienda estatal, en busca de quienes no se hayan dado de alta. La sanción para quien no cumpla es de 400 euros.
