La conselleria de Turismo ha cesado al jefe de servicio de la Inspección, principal implicado en el caso Rocamar. Josep Francesc Ensenyat llevaba 26 años al frente de los quince inspectores turísticos con que cuenta el Govern. El relevo será efectivo a partir del 1 de julio, ya que Ensenyat está ahora de vacaciones; las pidió coincidiendo con el clímax del escándalo por el presunto sobreprecio de 1,3 millones de euros abonado por el Govern por el destartalado hotel anexo a su chalé en el Port de Sóller. De los cuatro funcionarios investigados por presunta corrupción es el primero que ha sido apartado de sus funciones.
El destituido jefe de la Inspección Turística no volverá a su plaza de funcionario, ya que ha pedido una excedencia de tres años a partir del mismo día que tocaría reincorporarse. En cuanto al sustituto, la Conselleria convocará en breve un concurso interno para que cualquier funcionario de la Administración autonómica que cumpla los requisitos pueda optar al puesto.
Desde la conselleria que dirige Biel Barceló se instó formalmente el cese de Ensenyat el pasado viernes; la respuesta ha sido rápida. Aunque la jefatura del servicio de Inspección es un puesto de libre designación, con la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears se endurecen las condiciones para remover a los titulares de estas plazas.
Más que pérdida de confianza
A raíz de la sentencia sobre el cese de la exdiputada socialista Lourdes Aguiló -funcionaria de la Abogacía de la Comunidad- en la pasada legislatura, que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá justificó por “pérdida de confianza”, no basta esgrimir este concepto genérico para que los políticos cambien a funcionarios designados por libre designación. Hay que motivarlo con mayor fundamento.
La conselleria de Turismo ha aducido en este caso que pretende dar un impulso al área de Inspección, en un momento crucial con la entrada en vigor del cobro del impuesto turístico y la regulación de los alquileres vacacionales. El departamento quiere asegurarse de que haya un control exhaustivo en los hoteles que garantice el pago de la llamada ecotasa, y a su vez ha anunciado para 2017 una intensa campaña de vigilancia de las 100.000 plazas de alquileres vacacionales; hoy por hoy solo se impone una media de quince sanciones al mes, como adelantó el martes Diario de Mallorca.
Por estas razones, Turismo solicitó a Función Pública que autorizara la remoción del jefe de la Inspección, alegando también que se requiere un perfil más jurídico y con titulación superior para abordar la nueva etapa.
La conselleria de Cati Cladera ha actuado con celeridad en este asunto, y ha avalado el cese. Entre los argumentos esgrimidos no figura la implicación de Ensenyat con el caso Rocamar, ya que se encuentra aún en fase de instrucción y según fuentes del Govern no podría constituir aún la causa para destituirle de la jefatura del servicio. No obstante, desde el Ejecutivo se admite que las acusaciones a las que se enfrenta Ensenyat han sido un factor determinante en la decisión de relevarle.
La salida del jefe de los inspectores turísticos se produce a los pocos días de su declaración ante el juez que instruye el presunto desvío de fondos públicos en la adquisición del desaparecido hotel Rocamar, para esponjar la zona. Junto a la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado investiga un presunto tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas.
Interés directo
Ensenyat tenía un interés directo, según los investigadores, en la compra del antiguo establecimiento hotelero por parte de la conselleria de Turismo. Se sospecha que la operación pudo ser orquestada en el seno de dicha cartera, con la confabulación de tres altos funcionarios compañeros de trabajo de Ensenyat, y la anuencia del exconseller del PP Jaime Martínez. Su antecesor en el cargo, Carlos Delgado, solo aparece en el sumario por sus actuaciones en el procedimiento de compraventa, sin que haya sido imputado como el resto antes mencionado.
El jefe de la Inspección Turística del Govern ha admitido ante el juez que resultó beneficiado por la compra del Rocamar. En concreto, afirmó haber recibido vía transferencia bancaria unos 217.000 euros de los 971.000 euros abonados por Turismo por el hotel. Se escudó en un préstamo que su padre había hecho al propietario del Rocamar, Francisco Castañer, cuya cancelación se vinculó a la adquisición del hotel por parte de la Administración pública.
La cúpula de Turismo del PP en la anterior legislatura sabía antes de aprobar la adquisición del destartalado hotel que se iba a beneficiar al jefe de los inspectores turísticos de la Conselleria. El casi millón de euros que se pagó por el solar y el edificio abandonado fue a manos de Josep Francesc Ensenyat y su familia, una circunstancia que era conocida por el entonces conseller Jaime Martínez.
