Pau Molins, abogado de la infanta doña Cristina, acusó ayer en su informe final ante la Audiencia al sindicato Manos Limpias de "causar un daño mediático y en la sociedad" a su representada, al acusarla sin pruebas de dos delitos fiscales y pedir una "pena desproporcionada de 8 años de cárcel". Molins argumentó también ante el tribunal que es la primera vez en España que se juzga a un socio no administrador de una empresa por un delito fiscal cometido por el gestor de esa sociedad.
Molins leyó su informe final en el que cargó contra Manos Limpias, la única acusación que pide la condena de la Infanta, pero sin la dureza del último alegato del fiscal Pedro Horrach.
"Manos Limpias pide una condena absolutamente desproporcionado: 8 años de prisión que se queda en los periódicos y es inédita en los anales judiciales de este país. Hay una voluntad de hacer daño mediáticamente (a la hermana del Rey) y en la sociedad", exclamó el penalista barcelonés.
Molins añadió que la acusación popular podía haber solicitado una pena más rebajada, teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes de la acusada, el que haya devuelto los cerca de 600.000 euros que se le exigen de responsabilidad civil u otras atenuantes, "pero no ha querido, aunque sí ha rebajado su petición de pena para otros acusados".
Molins hizo un puntilloso alegato para rebatir los indicios que, según la letrado de Manos Limpias Virginia López Negrete, existen contra doña Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en las declaraciones de la renta de 2007 y 2008.
No tenía tiempo para Aizoon
"Doña Cristina no tenía tiempo, ni capacidad, ni motivos para inquirir a su marido sobre la gestión de Aizoon, confiaba en su marido. No era ni remotamente consciente de que su marido pudiese estar cometiendo un delito fiscal.
No existe el menor indicio de que al constituir, o seguir, en Aizoon, esa compañía iba a servir para cometer algún delito. Ella pensaba que la empresa era para canalizar las actividades económicas de su marido y para actividades inmobiliarias", resumió Molins, de una tacada, buena parte de sus argumentos.
El abogado negó que Aizoon fuera una sociedad pantalla para evadir impuestos y canalizar los ingresos de Iñaki Urdangarin, como postulan todas las acusaciones.
"El único administrador de hecho y de derecho de Aizoon era don Iñaki Urdangarin, su esposa estaba totalmente al margen de la gestión cotidiana. Existía una confianza total entre los esposos y por eso no se celebraron juntas ordinarias de accionistas. Doña cristina se limitaba a firmar papeles presentados por su esposo y no hacía tareas fiscales ni tributarias de Aizoon; de eso se ocupaba Iñaki Urdangarin y sus asesores".
El jurista catalán repitió lo declarado por su representada ante el tribunal sobre que ella decidía algunos gastos familiares y particulares, pero que luego otras personas se encargaban de materializar esas operaciones y de contabilizarlas.
"Mi representada siempre ignoró qué concretos gastos eran atribuidos a Aizoon y de qué manera eran declarados y si el tratamiento fiscal era el correcto", afirmó el letrado en ese sentido. "Ella se limitaba a solicitar las adquisiciones de bienes y eran otras personas las que los adquirían, los abonaban y examinaban la conveniencia de deducir ese gasto", insistió el defensor.
El gran testigo fracasado
Buena parte del informe estuvo dedicado a resaltar la debilidad de las pruebas aportadas por Manos Limpias en contra de la exduquesa de Palma.
Pau Molins expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la acusación popular al retirar, el primer día del juicio, los cargos contra Miguel Tejeiro, el exasesor fiscal del grupo Nóos. "Miguel Tejeiro, el que iba a ser el gran testigo de cargo de Manos Limpias, exculpó a la Infanta para desesperación de Manos Limpias y dijo que nunca había recibido instrucciones de ella".
El defensor explicó a las tres magistradas la razón por la que la principal acusada se negó en febrero a contestar a las preguntas de Manos Limpias. Según Molins, Cristina de Borbón ejerció sus derechos constitucionales, pero, además, no quiso hacerle el juego a la acusación.
"Lo hizo por coherencia y debido al no reconocimiento de la legitimidad de Manos Limpias como acusación popular en solitario y para no darle el espectáculo mediático que ha seguido durante días y años", aseveró el abogado.
Cambio de criterio de Castro
Molins usó en varias ocasiones argumentos expuestos por el juez instructor de Nóos, José Castro, en un primer auto de 2012 donde rechazó la imputación de la Infanta. El penalista aseguró ignorar por qué Castro cambió de criterio y meses después pasó a buscar indicios contra su representada.
La defensa de la exduquesa de Palma echó mano del informe pericial de una destacada funcionaria de Hacienda, Caridad Gómez Mourelo, aportado por la fiscalía. Mourelo sostuvo ante la Audiencia que nunca se acusa por delito fiscal a los socios no administradores, sino que las responsabilidades se centran en las personas que han omitido declarar las rentas en su IRPF. Por último, el abogado pidió la condena en costas de Manos Limpias por "haber ejercido de manera temeraria y con mala fe la acusación contra doña Cristina" y solicitó a la sala que "restablezca la Justicia" absolviendo a su clienta.
