Govern y constructores han firmado una paz provisional hasta el próximo día 14, fecha en la que el citado sector confía en que el Parlament apruebe una prórroga para que se puedan seguir construyendo chalés en urbanizaciones que aun no disponen de alcantarillado. Pero el presidente de la patronal que representa a este colectivo empresarial, Eduardo López, advierte ya que si este paso no se da, "volveremos a levantarnos en pie de guerra".

En cualquier caso, López reconoce también que la reunión mantenida ayer con el conseller de Territorio, Marc Pons, se cerró con un resultado satisfactorio, por cuanto este último se comprometió a hacer las correspondientes gestiones para que la citada prórroga pueda salir adelante.

Tal y como adelantó Diario de Mallorca la semana pasada, el sector de la construcción ha organizado un frente común contra las políticas desarrolladas por el Ejecutivo de Francina Armengol, con un detonante: hoy concluye el plazo fijado para que los Ayuntamientos puedan autorizar la construcción de viviendas unifamiliares en zonas sin red de alcantarillado, y la demanda del sector de que se apruebe una prórroga de al menos uno o dos años hasta ahora no había sido escuchada.

Pero ayer el conseller Pons, tras reunirse con representares de este colectivo empresarial, reconoció entender sus reivindicaciones, por cuando hay empresas, muchas de pequeño tamaño, que están sobreviviendo gracias a la edificación de chalés de la mano de la demanda que se está registrando, en gran medida extranjera.

El conseller recordó que El Pi presentó una enmienda ante el Parlament a la ley de impacto ambiental para que la posibilidad de conceder estas licencias se pueda prorrogar hasta junio de 2019, que precisamente será debatida por el Parlament el próximo día 14, después de que el Govern reclamara a la Cámara balear que julio fuera un mes hábil precisamente para poder debatir las enmiendas a la citada ley sin tener que esperar a septiembre u octubre. De este modo, ese día los grupos políticos deberán decidir si aprueban esa prórroga, que cuenta con el respaldo del PP, El Pi o C's, y que hasta ahora ha tenido a Més y Podemos como principales detractores.

Según Marc Pons, ahora se deberá abrir un periodo de negociación entre las diferentes formaciones políticas para llegar a un acuerdo en esta materia, aunque ya adelantó que él comparte el análisis que hacen las empresas constructoras y comprende su preocupación.

"Creo que hay margen para la negociación y el Govern va a trabajar para que se despeje cualquier duda que pueda aparecer" en esta materia, añadió el conseller.

Este compromiso explica la satisfacción expresada por Eduardo López, que reconoció tras el encuentro que si esa prórroga en la posibilidad de levantar chalés en urbanizaciones sin alcantarillado se aprueba el día 14, los daños que se podrían haber ocasionado al sector habrán desaparecido, lo que supondrá un bálsamo para las deterioradas relaciones que el sector de la construcción y el Ejecutivo balear mantienen.

López no ocultó el malestar existente ante iniciativas ya adoptadas por el Pacto, como la derogación de que los hoteles reformados puedan ganar alturas o la moratoria sobre grandes superficies, a lo que sumó el descenso de la obra pública, de ahí la exigencia de que no se elimine el único pilar sobre el que el sector se sustenta actualmente, como es el residencial unifamiliar.