21 de junio de 2016
21.06.2016
Caso Rocamar

Martínez admite al juez que sabía que la compra del Rocamar favorecía a Ensenyat

El exconseller de Turismo descarga en los tres funcionarios imputados el precio fijado por el hotel

21.06.2016 | 00:57
El exconseller de Turismo, Jaime Martínez Centro), en una visita al Rocamar antes de derribarlo el Govern.

Antes de que su Conselleria comprara el desaparecido hotel Rocamar, en el Port de Sóller, Jaime Martínez ya sabía que la operación beneficiaba al jefe de la Inspección Turística, Josep Francesc Ensenyat. Ante el juez que investiga el presunto sobreprecio pagado, el exconseller de Turismo del PP ha admitido que conocía que sobre el Rocamar pesaba un préstamo de la familia de Ensenyat.

Francisco Castañer, dueño del destartalado establecimiento, lo entregó como aval a los Ensenyat a cambio de recibir casi un millón de euros. La cantidad coincide con el importe que abonó finalmente el Govern por la compraventa. La deuda privada fue cancelada con la adquisición pública del inmueble, y la Fiscalía Anticorrupción sospecha que con este fin fue orquestada desde la propia conselleria de Turismo, con la connivencia entre funcionarios y políticos.

El exconseller declaró como imputado el pasado 12 de abril, aunque su versión no había trascendido hasta ahora. El alto cargo del PP balear, que con su implicación en este caso ve truncada por el momento su aspiración de liderar el partido, reconoció en el interrogatorio que "en el momento en que se estaba negociando la adquisición" del antiguo hotel supo que se favorecía a los Ensenyat. El jefe de los inspectores turísticos, que se encuentra de vacaciones y prevé cogerse una excedencia en pleno estallido de la causa, recibió directamente 217.000 euros en su cuenta bancaria tras el pago de la Conselleria en la que trabajaba.

Desde Turismo aún no se ha tomado ninguna medida disciplinaria contra el alto funcionario ni sus otros tres colegas investigados por supuesto tráfico de influencias y participación en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas.

Jaime Martínez admite que era conocedor del interés directo de Josep Francesc Ensenyat en que Turismo comprara el Rocamar, pero niega que éste le hubiera dado alguna indicación para ello. Asimismo, el exconseller descarga en los tres altos funcionarios imputados –además del jefe de la Inspección como principal sospechoso– el precio que se fijó por la compra. Martínez se desvincula de la decisión de abonar un supuesto sobreprecio, y señala que se limitó a seguir el criterio de los técnicos.

Dice que él no eligió la tasación

Cabe recordar que de las tres tasaciones de que dispuso el Govern para orientarse en el valor del suelo del Rocamar, el propio trío investigado –el arquitecto jefe, Bernardino Seguí; el jefe de los servicios jurídicos, Josep Oliver, y el jefe de los servicios comunes, Bartomeu Alcover– eligió como "la más idóena" la elaborada por el perito Pere González Nebreda. Este arquitecto dictaminó que el valor de los terrenos era de 284.631 euros, ya que el coste de la demolición –que fijó en 687.040 euros– debía ir a cargo de la propiedad.

Ello no obstante, los tres funcionarios interpretaron a su manera la tasación de Nebreda y establecieron que la Conselleria debía abonar 971.000 euros, la suma del solar más el derribo.

Preguntado sobre por qué Turismo obró de "modo totalmente contrario" a los intereses generales, el exconseller en reiteradas ocasiones declaró al juez que no fue una decisión suya y que fueron los técnicos los que determinaron que tenía que hacerse de esta forma, incluyendo el coste de la demolición a cuenta de la Conselleria. Una vez comprado el Rocamar por los 971.000 euros, Turismo tuvo que desembolsar otros 700.000 más para derribarlo.

Martínez en ningún momento esgrime el argumento de que el hotel carecía de la declaración oficial de estar en ruina, al que se han aferrado los tres funcionarios para avalar su actuación.

Por otro lado, el exconseller sostuvo la misma versión que posteriormente Ensenyat ante el juez, sobre el encuentro que los dos mantuvieron en agosto de 2012 en la casa del segundo, anexa al Rocamar. Martínez aseguró que solo acompañó al entonces alcalde de Sóller del PP, Carlos Simarro, a "beber un vaso de agua", y que en ningún caso habían quedado, sino que el jefe de los Inspectores "apareció por allí". Negó también que los tres hubieran hablado de la compra del hotel, pese a que entonces él ya sabía que Ensenyat tenía un vínculo directo con el tema.

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