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Corrupción

Una empresa del caso Púnica cobró 17 millones del Govern de Matas

Match Golf Consulting, investigada en el caso Ibatur, organizó torneos de golf y estaba gestionada por una supuesta testaferro de Granados

Uno de los registros policiales del caso Ibatur. B. Ramon

Match Golf Consulting, una empresa investigada ahora por la Audiencia Nacional en el caso Púnica y vinculada supuestamente al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados recibió, entre 2003 y 2007, más de 17 millones de euros del Govern de Jaume Matas para organizar unos torneos de golf en Son Servera, unos convenios que se investigan desde hace años en el caso Ibatur. La conexión entre los sumarios Ibatur y Púnica es María José Marijuán Alonso, considerada testaferro de Francisco Granados y gestora de Match Golf Consulting.

La Policía y la fiscalía anticorrupción detectaron en junio de hace seis años indicios de que Match Golf había recibido del Govern de Jaume Matas, y junto a la empresa mallorquina Reial Pula Golf, más de 17 millones a través de convenios con el Ibatur. Según los investigadores, los convenios no se llegaron a cumplir totalmente y tampoco se justificó el destino de los fondos públicos, teóricamente invertidos en promocionar el golf.

La sede social de la compañía en la calle Doctor Fleming 31, 2 izquierda, de Madrid, fue registrada por la Policía, que también allanó una nave en Valdemoro donde la sociedad custodiaba archivos de ejercicios anteriores.

Estacionalidad turística

El 12 de noviembre del 2004 el entonces gerente del Ibatur, y acusado en el sumario del mismo nombre, Raimundo Alabern, firmó una renovación del convenio con Match Golf Consulting y Reial Pula Golf para realizar el torneo de golf Mallorca Classic en s´Era de Pula. El Ibatur se comprometió a dar a las dos empresas 8,1 millones de euros para potenciar el mercado de turismo del golf y contribuir a la disminución de la estacionalidad turística.

Raimundo Alabern, cuando declaró en el juzgado por el caso Ibatur, explicó que su contacto con Mach Golf era Pepa (María José) Marijuán (esposa de Ignacio Palacios, que fue jefe de gabinete de Granados y también está imputado en Púnica).

Según el exgerente del Ibatur, la empresa madrileña era experta en organizar torneos de golf y consiguió que personajes famosos visitaran el estand de Ibatur en ferias para promocionar ese deporte. Alabern se desmarcó de la gestión de ese convenio y apuntó al empresario Romeo Sala (también imputado en Ibatur) como la persona que llevaba las riendas en el asunto.

Los investigadores del caso Ibatur preguntaron al exresponsable del Ibatur por qué se aceleraron anticipos de las cantidades a pagar a las dos sociedades y Alabern apuntó al exconseller de Turismo Joan Flaquer y al exsecretario general de esa conselleria Javier Cases como los responsables de que se adelantaran esas sumas.

Los investigadores también repasaron los pagos a las dos empresas y detectaron serias anomalías en la justificación del destino del dinero público, así como ausencia de algunas facturas.

La Policía también destacó que en el convenio con el Ibatur las empresas organizadoras se comprometían a devolver al Govern el dinero no utilizado o no justificado.

Sindicatura de Cuentas

La Sindicatura de Cuentas de Balears -máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas- ya puso de manifiesto en su informe de 2006 que la conveniencia de la subvención del Govern al Mallorca Classic no estaba suficientemente justificada, aparte de que su expediente adolecía de serias deficiencias.

Los síndicos hicieron hincapié en que el torneo de golf en el Pula era una actividad realizada por entidades privadas, por lo que su patrocinio con fondos públicos requería una adecuada justificación de que realmente tenía una finalidad de interés general. La Sindicatura puso de relieve que tampoco quedaba acreditado que los costes del evento se ajustaban realmente a los precios de mercado.

Quien puso sobre la pista a la Policía sobre los millonarios pagos del Govern del PP a las promotoras del Pula Golf fue Miquel Àngel Bonet, exsecretario y jefe de la asesoría jurídica del Ibatur, que confesó que se apropió de 85.000 del organismo público para sus fines particulares. Bonet es uno de los acusados en el caso Nóos.

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