17 de junio de 2016
17.06.2016
Caso Nóos

El Govern culpa a Matas de propiciar el desvío de casi 2,7 millones

El jefe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma dice que Urdangarin y Torres solo buscaban su beneficio

17.06.2016 | 02:44
Luis Segura, ayer

"El president del Govern (Jaume Matas) ordenó que, costara lo que costara, se abonase a Iñaki Urdangarin el importe del foro Illes Balears y las facturas que presentara; era un proyecto que, sin dinero público, estaba muerto", así de contundente se expresó ayer ante la Audiencia Luis Segura, jefe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que acusó al también exministro de Medio Ambiente de propiciar el desvío de casi 2,7 millones de euros públicos. Segura sostuvo que Iñaki Urdangarin y Diego Torres, a los que también responsabiliza de la millonaria malversación, solo buscaban su beneficio personal al organizar con dinero del Govern unos foros sin ningún interés para la sociedad y cerrados al público en general.

Segura resaltó que Matas usó la fundación Illesport y el instituto Ibatur, en vez de las conselleries, para atender a las solicitudes de fondos de Urdangarin por la ausencia de controles previos y posteriores sobre el destino del dinero en ambas entidades públicas.

Según el acusador particular, el cuñado del Rey cobró 300.000 euros del Govern como comisión o regalo por haber hecho de conseguidor y traer al equipo ciclista Illes Balears, que recibió un patrocinio público de casi 20 millones de euros.

Segura responsabilizó a Matas y a Pepote Ballester, exdirector general de Deportes, de permitir la malversación de caudales por parte de Urdangarin y Torres, aunque los dos primeros no se lucraran con esos fondos desviados.

Según el abogado jefe del Govern, Diego Torres fue el ideólogo de los foros y usó a Iñaki Urdangarin, miembro de la Casa Real y que le daba prestigio, como llave para acceder a las instituciones públicas y al dinero de todos.

Segura mantuvo que los contratos y convenios del Govern con Nóos deben ser tenidos por nulos, dado su origen ilícito y por eso Matas, Urdangarin, Torres, Ballester y Marco Tejeiro deben resarcir a la Administración autonómica con todos los fondos desviados, casi 2,7 millones. "No eran fines de interés general lo que se buscaba; fue una administración desleal del dinero y nunca se justificó su destino", recalcó el abogado.

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