El Consell de Govern ha aprobado hoy el decreto de situación de sequía extraordinaria en Ibiza por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales de gestión de los recursos hídricos para paliar y corregir sus efectos, como la reducción de un 15% de las extracciones, con excepción en la agricultura.
La portavoz del ejecutivo balear, Pilar Costa, y el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, han informado del acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.
El decreto busca controlar al máximo posible la disposición y el uso de agua recuperar las masas, lo que obliga a adoptar medidas temporales para incrementar el agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren.
Además, lleva a adoptar las medidas administrativas necesarias para corregir esta situación con la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y solidaria entre los sectores afectados, detalla.
Para incrementar el agua disponible, el decreto prevé que mientras dure la situación de sequía no se puedan efectuar nuevas captaciones en las masas de serra Grossa, Cala Llonga y sa Roca Llisa, que están sobreexplotadas según el balance hidrológico.
Se exceptúan los aprovechamientos para abastecimiento en población, geotermia, reordenación de caudales sin aumento de volumen, mantenimiento y saneamiento de pozos y depósitos contra incendios.
Las medidas que prevé el decreto consisten en reducir un 15% el volumen de extracciones, excepto en la agricultura, que desciende un 10%, y en el abastecimiento en poblaciones, las captaciones ligadas a la lucha contra incendios y la geotermia, que no sufrirán restricciones.
Esta norma también recoge la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de nuevas autorizaciones y concesiones de uso y la obligatoriedad de los suministradores (incluidos los de venta de agua en camiones) de utilizar agua desalada de octubre a abril.
Los ayuntamientos estarán obligados a hacer estudios de detección de escapes y presentarlos a la Administración hidráulica en un plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor del decreto, y a llevar a cabo un plan de actuación que tiene que validar la Dirección General de Recursos Hídricos en caso de que los escapes sean superiores al 25 %.
Las obras necesarias para los cambios de uso se considerarán de utilidad pública y de necesidad urgente.
El periodo de aplicación y vigencia de este Decreto se tiene que extender hasta que se haya superado el periodo de sequía; es decir, cuando el índice de sequía publicado en el Portal del Agua presente valores de situación estable durante tres meses consecutivos.
Ibiza presenta una situación crítica con respecto a las reservas de agua, como consecuencia de la falta continuada de precipitaciones y la sobreexplotación de los acuíferos, justifica el acuerdo.
