El Govern balear reclama casi 2,7 millones de euros a Iñaki Urdangarin, Diego Torres, Jaume Matas y José Luis-Pepote Ballester, por los contratos y convenios firmados entre 2003 y 2007 con el conglomerado Nóos. La Comunidad Autónoma, pese a los numerosos testigos que confirmaron que Nóos prestó servicios e hizo trabajos para ella, sigue manteniendo que todo fue humo y solicita la devolución de todo el dinero público cobrado por Urdangarin y Torres.

Las defensas de los principales acusados se han esforzado a lo largo de la vista oral en acreditar la bondad y gran calidad de los trabajos prestados por Nóos. Sus afanes no han convencido a la Abogacía del Govern y a la fiscalía anticorrupción, que siguen sosteniendo la tesis de que todo fue humo, un engaño de una falsa entidad sin ánimo de lucro y que ni los foros sobre turismo y deporte ni los trabajos relacionados con el equipo ciclista Illes Balears tuvieron utilidad para los ciudadanos.

En consecuencia la acusación particular en nombre del Govern solicita la devolución de 2,650 millones de euros más los oportunos intereses. Esa cantidad nace de los siguientes conceptos: 1,2 millones de euros por el Illes Balears Fórum de 2005; 1,085 millones de euros por el Illes Balears Fórum de 2006; 116.566 euros que el Ibatur dio a Nóos Consultoría Estratégica por el material promocional y la página web del equipo ciclista Illes Balears; 177.093 euros por la llamada oficina del proyecto de ese equipo; y casi 72.000 euros que la fundación pública Illesport abonó a la consultora TNS Inteligencia-Sofres para medir los impactos en medios de comunicación del Illes Balears de ciclismo.

Sin embargo, y como es habitual en un proceso penal, la abogacía del Govern deja otras puertas abiertas a la sección primera de la Audiencia para el caso que este tribunal entienda que los contratos y convenios con Nóos no fueron nulos.

En esa hipótesis la acusación particular pide ser indemnizada por los gastos que Urdangarin y Torres no han podido justificar o aquellos otros en los que las facturas y documentos aportados no se estiman suficientes para acreditar el destino del dinero público.

Más de dos millones de euros

La Comunidad Autónoma ha efectuado dos cálculos diferentes sobre esa petición de responsabilidad civil alternativa: uno donde se reclaman 2,158 millones de euros y otro en el que la petición es de 1,78 millones más cierta cantidad en concepto de IVA abonado por el Govern.

Esta última cifra nace tras el análisis de las últimas facturas aportadas al sumario por Diego Torres, que no fueron tenidas en cuenta en una primera revisión.