Las políticas que en materia de urbanismo se están desarrollando por parte del Pacto de Progreso comienzan a colmar la paciencia del sector de la construcción. Hasta el punto de que patronales como la de constructores y promotores inmobiliarios, o colegios profesionales como el de los aparejadores, preparan ya un frente común para enfrentarse a situaciones como las que se están viviendo en el ayuntamiento de Palma, en el que las licencias se tramitan con cuatro y cinco meses de retraso, o decisiones como la de no prorrogar la posibilidad de que los ayuntamientos sigan autorizando la edificación de chalés en las zonas que aun no disponen de alcantarillado. Desde estos colectivos vinculados a la edificación residencial se apunta directamente a la estrategia de Podemos y Més como principal responsable de lo que está sucediendo.
En estos momentos, dos son los focos generadores de malestar, según se destaca desde el sector. Uno es la negativa del Govern del Pacto a prorrogar el plazo en el que se permite que los Consistorios concedan licencia para la edificación de chalés en las urbanizaciones que no cuentan con red de alcantarillado, que concluye el próximo día 23, una situación que se va a vivir en cerca de medio centenar de núcleos de Mallorca, y que si se suman todas las islas llega al centenar. Ello va a suponer bloquear numerosos proyectos de viviendas unifamiliares, que durante los últimos años han supuesto un importante soporte para las empresas constructoras.
Este problema viene de muy atrás, con el desarrollo de urbanizaciones sin alcantarillado, pero en 2013 el Decreto Company concedió un plazo de tres años en el que los ayuntamientos podían conceder licencia para levantar nuevos chalés si el propietario se comprometía a conectarse a la red de alcantarillado cuando esa se desarrollase, un trabajo que muchos Consistorios no han ejecutado por falta de presupuesto. El PP propuso la semana pasada en el Parlament prolongar algo más ese tiempo, pero esta iniciativa, que contó en el apoyo de Ciudadanos y del Pi, fue rechazada por PSOE, Més y Podemos.
Desde las organizaciones relacionadas con la construcción se reconoce que los Ayuntamientos no han desarrollado la red de alcantarillado como les corresponde, pero critican que no se haya alargado el plazo antes señalada, por cuento va a suponer la paralización de nuevos proyectos de chalés en muchas zonas de las islas. Y aunque desde el Govern se comunica que se está buscando una solución al problema (que se podría incluir en la futura Ley de Evaluación Ambiental), se teme que ese bloqueo se pueda prolongar durante meses.
El segundo punto de conflicto está en el ayuntamiento de Palma, donde la tramitación de las licencias para nuevos proyectos residenciales se está desarrollando con cuatro meses de retraso, y todo ello en un momento en el que la escasez de viviendas está alcanzando niveles muy preocupantes debido al encarecimiento registrado tanto en la nueva construcción como en la segunda mano o en el alquiler.
Además, el enfado con el Consistorio palmesano se agrava por lo que se considera una influencia excesiva de ARCA, lo que en opinión del sector está generando una importante inseguridad jurídica. Como ejemplo, se señala la polémica en torno a la protección de la que fue casa de Manuel de Falla en la barriada de Génova.
Cúmulo de desencuentros
Pero estos últimos casos han sido las gotas que han colmado el vaso, dado que para este sector la acumulación de medidas en su contra por parte del Pacto de Progreso cuenta con claros precedentes. Así, se recuerda que el Govern ha suprimido la posibilidad de que los hoteles que se reforman en las zonas maduras puedan ganar hasta dos alturas si aumentan su categoría, que el Consell ha aprobado una moratoria que bloquea la apertura de nuevas grandes superficies comerciales, o que no se está haciendo nada para favorecer la entrada de más suelo urbanizable en los municipios con carencias en este sentido (como es el caso de Palma) para poder así edificar nuevas viviendas plurifamiliares a precios más razonables que los actuales.
Según se pone de relieve, los golpes se han dirigido precisamente contra aquellas ramas de la construcción que han sostenido al sector durante los años de la crisis, como han sido la edificación vinculada a los centros comerciales, la reforma de establecimientos hoteleros, y la construcción de inmuebles de gama alta, como los chalés, en una etapa en la que los proyectos de residencias plurifamiliares han descendido hasta niveles mínimos.
En opinión de representantes de la actividad constructora, el principal problema hay que buscarlo en las posturas mantenidas por Podemos y Més, partidos desde los que se esgrime la saturación que registran las islas y a los que se asigna una actitud que busca entorpecer las nuevas edificaciones bajo tesis proteccionistas, según se esgrime. Y al mismo tiempo, se acusa al PSOE de no ser capaz de imponerse en estos puntos.
Por ello, los colectivos antes señalados han mantenido ya las primeras reuniones para desarrollar el frente común antes señalado y posicionarse de formas unitaria en contra de las políticas antes señaladas, constituyendo un grupo en el que se quiere incorporar también a arquitectos o ingenieros, entre otros.
Según apunta un representante del sector, "las empresas de Balears podemos salir a trabajar en otras zonas de España, pero la paralización de la edificación deja sin trabajo a colectivos como el de los fontaneros, carpinteros o electricistas".
