La presidenta la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano, advirtió ayer sobre los divorcios de bajo coste, o low cost, que se anuncian en internet, e incluso en furgonetas cerca de los juzgados, y que pueden ser "una especie de cadena perpetua" para quienes los firman. "Todo lo barato siempre sale caro y resulta muy caro cuando de lo que se trata es de cuestiones que afectan de manera directa a las personas", aseguró la letrada mallorquina.

Lozano detalló que un divorcio implica cuestiones complejas como liquidaciones patrimoniales y reparto de bienes y recordó que "determinados pactos ya no pueden cambiarse, con lo cual son una especie de cadena perpetua para la persona firmante sin el asesoramiento adecuado".

"Es muy importante contar con un asesoramiento muy profundo y lo más completo posible para que tu vida no se vea mermada ni constreñida a lo que podía haber hecho o dejar de hacer en el momento adecuado", comentó la presidenta de esta asociación que agrupa a 1.800 letrados de familia de todo el país y que tiene entre sus finalidades su especialización y formación continuada.

Entre las consultas que los especialistas tienen que "arreglar" figuran desde la fijación de una pensión compensatoria demasiado elevada, o incluso vitalicia, a acuerdos que especifican que no cabe modificación posible o que suponen pactar una custodia monoparental sin precisarla.

"A la persona que ha pagado 100 o 150 euros -añadió- por un divorcio y luego tiene que volver a retomar el asunto, puede costarle 6.000 euros porque tiene mucha dificultad y no le queda más remedio".

Las crisis familiares son los asuntos más frecuentes que abordan letrados como Lozano (Palma, 1966), sobre todo los procedimientos de modificación de medidas que han aumentado exponencialmente a causa de la crisis porque "es fácil llegar a acuerdos, pero es difícil mantenerlos" cuando sobrevienen nuevas condiciones como la pérdida de trabajo o una reducción de ingresos, detalla.

En Balears la situación se complica por la elevada presencia de población de otras nacionalidades que hace más complejos los procesos de separación y requiere "de unos profesionales, no solo en la abogacía, sino también de la judicatura que tengan un conocimiento profundo del Derecho Internacional para poder abordar el conflicto de la manera mas adecuada". Su especialidad ha cambiado en los últimos 20 años. "En muy poco tiempo hemos avanzado ideológicamente bastante", apuntó Lozano, quien recuerda cómo una separación típica suponía que "el marido salía de la casa, se quedaba sin los niños, pagaba una pensión y se convertía en lo que se llamaba el 'padre feriante' que tiene a los niños el fin de semana y nada más".

"El concepto de familia avanza o se va modificando de una manera más rápida que las instituciones jurídicas que tenemos que regular", comentó Lozano, que también trata asuntos relativos a la reproducción asistida, la maternidad subrogada o los llamados vientres de alquiler. "Tenemos una regulación bastante avanzada en este sentido, pero nos encontramos con dificultades para inscribir a los niños que han nacido por el sistema de maternidad subrogada en otros países, pero de padres españoles".