Los asesores de la exdelegada del Gobierno en las Illes Balears, Teresa Palmer, cesaron con ella e inmediatamente volvieron a ser nombrados, para no perder ningún día de nómina. Su continuidad fue rubricada en un domingo, según la versión oficial, fecha poco usual para la Administración. Desde la institución se esgrime "la ley de Protección de datos de carácter personal" para no facilitar los documentos, cuando la mayoría de nombramientos y ceses se publican en los boletines oficiales.
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha autorizado que la jefa de gabinete, el jefe de prensa y el asesor en temas policiales y seguridad de Palmer sigan a sueldo de la Delegación pese a estar este cargo vacante. La propia Palmer pactó con la dirección del PP estatal que su gente pudiera seguir después de su precipitada salida, explican fuentes populares.
Palmer tuvo que renunciar como delegada para ser la candidata del PP al 26-J, una imposición de Génova ante el caos reinante en el partido en Balears para encontrar a un número uno de consenso. Al estar el Gobierno central en funciones no puede sustituir a Palmer, y el cargo se halla vacante. El secretario de la Delegación, Evelio Antich, asume temporalmente las funciones. No obstante, Antich no es el Delegado del Gobierno en las islas, por lo que se desde algunos ámbitos políticos y funcionariales se cuestionaba que tuviera potestad y competencias para nombrar a personal de confianza.
La continuidad de los tres cargos de confianza ha generado cierta sorpresa y malestar en un sector de la institución. La ley obliga al cese automático del personal eventual cuando la autoridad que los nombra dimite o es destituida, y al no poder haber nuevo delegado se dio por hecho que tampoco habría asesores.
Un portavoz oficial de la Delegación explica que la fórmula utilizada ha sido la habitual: Los tres cargos de confianza cesaron con efectos del 21 de mayo (sábado), y fueron nombrados nuevamente al día siguiente. "El alta" se produjo "a petición del secretario general, quien ostenta tal facultad, a fecha 22 de mayo", afirma el portavoz. Añade que el nombramiento fue firmado por Antonio Sánchez, director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se ha actuado "al igual que se hubiera hecho con un delegado", asegura la citada fuente. Desde la Delegación niegan que se haya buscado un atajo legal, como sostienen algunas voces conocedoras de su funcionamiento.
