07 de junio de 2016
07.06.2016

Opinión: Del Rocamar no se sabe todavía ni la mitad, por Matías Vallés

07.06.2016 | 09:51

Es difícil imaginar un cargo más sensible en Mallorca que jefe de Inspección Turística. La investigación por corrupción de su titular demuestra hasta qué punto se encuentra carcomida la estructura de la Comunidad. La compra millonaria con fondos públicos de un hotel en ruinas se sustanció en un contrato oficial, que se preocupa extrañamente de adjudicar de inmediato el dinero a la familia del susodicho José Francisco Ensenyat. Además, en el documento figura una firma no identificada en el acta, pero cuya grafía se ajusta al apellido citado.

La absurda y carísima compra del Rocamar a cargo de la conselleria de Ensenyat se fecha en julio de 2012. El Govern estaba presidido por José Ramón Bauzá, el conseller de Turismo era Carlos Delgado. Mientras se cerraba la esotérica operación, 700 mil euros por encima de la tasación externa, una riada de políticos del PP entraban en prisión. Sirva esta simultaneidad de desmentido a los ilusos que resaltan la eficacia del escarmiento.

Del Rocamar no se sabe todavía ni la mitad, la realidad supera a la investigación. El estupor va más allá del arquitecto funcionario que firma la ruina del hotel en documento oficial, para un año después alardear en público de que la ruina no existe y de que posee la pericia acreditada para manifestarlo.

La imputación de cuatro funcionarios de la cúpula de Turismo cuestiona la gestión del departamento autonómico, pero los políticos del Pacto han aportado su cuota de cobardía a la terapia contra la infección. La excedencia del jefe de Inspección es una solución de compromiso, ni Biel Barceló ni Pilar Carbonell han impuesto medidas disciplinarias a los implicados. Su inhibición contrasta con el activismo legal de los servicios jurídicos del Govern de Armengol, a favor de los presuntos corruptos. En una iniciativa sin precedentes, la abogacía de la Comunidad persiguió en nombre de la trama del Rocamar y con fondos públicos a los tres periodistas que destaparon el escándalo. Tras los sucesivos archivos, los servicios jurídicos del actual ejecutivo no han explicado todavía quién tomó la decisión, quién va a pagar las facturas legales incurridas y por qué un Govern supuestamente progresista malgasta el dinero del contribuyente en la protección de sospechosos de corrupción.

Al menos uno de los investigados comenzó una fulgurante carrera política tras su informe favorable a la compraventa del Rocamar. En el mismo mes de julio de 2012 en que se cierra la operación, el hoy imputado Bartomeu Alcover fue nombrado secretario general del Servei de Salut. Con posterioridad, fue secretario general de la conselleria de Educación. Y en una medida que confirma las dotes del Govern Bauzá para el sarcasmo, Alcover también fue designado director de la Oficina de Control Presupuestario. Sus desvelos controladores, tras intervenir en la carísima venta de un hotel ruinoso con cargo a esos mismos presupuestos, le conceden hoy el derecho al sobresueldo vitalicio del nivel 33 para egresados de la política.

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