Los fiscales de Balears han conseguido, salvo sorpresas, revisar a tiempo las miles de causas penales cuyo plazo de instrucción caducaba ayer, según una reforma legal introducida por el Gobierno en funciones del PP y destinada teóricamente a limitar la duración de las investigaciones. La fiscalía superior ha optado, según reconocieron fuentes de esa institución, por pedir de forma sistemática la declaración de causas complejas para evitar el archivo de los casos y permitir la práctica de nuevas pruebas.
Ayer, seis de junio, acababa el plazo para que los fiscales, tras revisar unos 600.000 asuntos penales en toda España, pidieran a los jueces la declaración de causas complejas en aquellos casos donde los seis meses máximos de instrucción no bastaban para hallar pruebas de la culpabilidad o inocencia de los imputados. El resto de asuntos son calificados de ordinarios y en medio año tienen que estar listos para ser calificados o sobreseídos.
En las islas el proceso de revisión ha motivado un intenso trabajo por parte de la fiscalía, no exento de problemas y roces con algunos abogados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios de juzgados) y jueces, según confesaron las fuentes.
"Al igual que en el resto de España ha habido dificultades con algunos letrados de la Administración de Justicia que no han dado facilidades a los fiscales para poder acceder a las causas penales, cuya custodia tienen por ley; también ha habido algunos jueces que se han desentendido del proceso como si la cosa no fuera con ellos", explicaron desde la fiscalía.
Estos contratiempos se tradujeron en que el pasado viernes todavía llegaron casos sin revisar a la fiscalía.
Las fuentes destacaron que los problemas van a seguir "porque seis meses es un plazo a todas luces insuficiente para instruir un caso penal por sencillo que este sea". La revisión de todos los casos tendrá que hacerse antes de los seis meses desde su apertura.
