07 de junio de 2016
07.06.2016
Caso Rocamar

El arquitecto de Turismo declara al juez que descartó la ruina sin visitar el hotel

El funcionario dice que informó sobre el estado del Rocamar por fotos y que políticamente urgía comprarlo

07.06.2016 | 09:51
Bernardino Seguí, arquitecto jefe de la conselleria de Turismo, yendo ayer a declarar ante el juez.

El dato

  • El exconseller Martínez trabajó a las órdenes del técnico imputado

    Uno de los extremos que intenta aclarar el juez del caso Rocamar es el papel jugado por el exconseller de Turismo, Jaime Martínez, también imputado. Ayer los tres altos funcionarios investigados desvelaron que el político había trabajado con ellos en la Conselleria, antes de ser su superior. Bernardino Seguí explicó que había sido el jefe de Martínez, y que le une una amistad con él. Seguí afirmó que fue el conseller del PP quien le pidió hacer su informe previo sobre las tasaciones, pero negó haber recibido ninguna indicación para beneficiar al jefe de los inspectores y también colega en la Conselleria, Josep Francesc Ensenyat.

El arquitecto jefe de la conselleria de Turismo determinó que el hotel Rocamar no estaba en ruina sin haber visitado el inmueble. Bernardino Seguí reconoció ayer ante el juez que para su conclusión se basó solamente en fotografías de tres peritajes externos. El alto funcionario admitió que el destartalado establecimiento llevaba más de una década abandonado y en pésimo estado, pero reiteró que según él no amenazaba ruina. De forma llamativa, el 4 de abril de 2012, antes de la adquisición del Rocamar, el propio Seguí constató por escrito que "el estado de conservación del edificio" era de "prácticamente ruina física".

El arquitecto de la Conselleria explicó al juez que según su criterio de la no ruina el Govern no podía descontarse los costes de la demolición, casi 700.000 euros. Esta tesis choca frontalmente con la del perito elegido para valorar el precio de compra, quien estipuló que el derribo debía ir a cargo de la propiedad, por lo que se ratifica en que hubo un sobreprecio.

Seguí declaró ayer junto a sus colegas de la Conselleria Josep Oliver (jefe de los servicios jurídicos) y Bartomeu Alcover (jefe de los servicios comunes). Los tres están acusados de tráfico de influencias, posible prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas.

El arquitecto jefe dijo que por las fotos que aparecían en las tres valoraciones externas descartó que el Rocamar amenazara ruina, admitiendo que hizo su informe sin haber visionado el inmueble in situ personalmente. Añadió que una vez hecho, sí se desplazó al lugar y él mismo tomó imágenes, que le corroboraron que pese al mal estado del inmbueble no había peligro de derrumbe.

Silencio sobre las cargas

Oliver y Alcover reconocieron por su parte que habían informado sobre cuál de las tres tasaciones era la más idónea para la Administración sin habérselas leído. Se limitaron a corroborar el informe de Seguí, apuntaron.

Asimismo, el trío de altos funcionarios declaró que eludió informar si sobre el viejo hotel pesaba alguna carga –la supuesta hipoteca de la familia de Ensenyat–, escudándose en que a ninguno se le pasó por la cabeza. Los tres afirmaron que ignoraban antes de la compra que el beneficiario sería su compañero. Así, negaron haberse confabulado para beneficiar al jefe de los inspectores turísticos Josep Francesc Ensenyat, ni haber recibido ninguna compensación por sus informes favorables a la operación.

En un intenso interrogatorio –"¡prepárate!", le espetó Ensenyat a Seguí a su salida del despacho del juez–, los tres técnicos de Turismo coincidieron en su argumentario de defensa: Contradicen al perito que ellos mismos en su día eligieron como "el más idóneo" para valorar el solar del Rocamar, el arquitecto Pere González Nebreda. Sostienen que el Govern hizo lo correcto al pagar los 971.671 euros –más otros 700.000 del posterior derribo–, al no haberse declarado la ruina legal del edificio, y no los 284.631 que Nebreda ha mantenido firmemente ante el magistrado que correspondía abonar. Ni un euro más.

La fiscal Anticorrupción Ana Lamas les inquirió sobre la contradicción de decantarse por la tasación de Nebreda, y desoírla después. También les preguntó por qué, siguiendo su teoría, no habían planteado a la Administración que instara la declaración de ruina, o la expropiación, en aras a la rebaja económica.

Bernardino Seguí respondió al respecto que en ambos casos se hubieran demorado los plazos de uno a dos años, y que políticamente se decidió acelerar el proceso optando por una compraventa. Josep Oliver, el jefe de los servicios jurídicos, se parapetó en que nadie le indicó que debía informar sobre la opción de declarar la ruina del hotel, y que si bien es cierto que la propia Administración turística podía haberlo hecho, desconoce por qué no se hizo. Tampoco por qué no se valoró por escrito la alternativa de la expropiación. Aseveró que se impuso la vía de la compra.

Contradicción

Bartomeu Alcover, jefe de los servicios comunes y ex alto cargo del PP, reconoció ante los investigadores que no examinó las tres valoraciones encargadas. Al interrogarle sobre cómo hizo entonces su dictamen para decantarse por la más favorable para la Conselleria, señaló que las ojeó por encima. Alcover justificó su silencio sobre la posibilidad de declarar la ruina o expropiar en que le pareció que era suficiente con informar sobre el peritaje más conveniente de los tres.

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