Juntos el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach constituían un arma letal contra la corrupción, que durante décadas ha campado por sus fueros en Balears. Castro y Horrach, por separado, pierden eficacia a espuertas, lo que beneficia a los presuntos corruptos.
Magistrado y fiscal anticorrupción no cabalgan juntos desde que el primero recapacitó y decidió imputar a la infanta Cristina en el caso Nóos por blanqueo de capitales y delitos fiscales. La amistad entre los dos audaces investigadores se mutó en una gélida relación profesional, que, se ha enfriado más si cabe con motivo de la dedicación casi exclusiva de Pedro Horrach a la vista oral del caso Nóos.
Esa falta de comunicación ha llevado al sorprendente escenario actual: Castro clama porque el caso Son Espases sea declarado causa compleja, para poder disponer de año y medio más de plazo de cara a culminar las pesquisas, mientras que Horrach piensa que no hace falta más tiempo.
Horrach investigó esta trama en diligencias de la fiscalía durante varios meses, con interrogatorios a sospechosos y testigos incluidos. Después, en julio del año pasado, interpuso una querella contra nueve personas, entre ellas el expresident del Govern del PP Jaume Matas, la exconsellera de Sanidad Aina Castillo, el extesorero del PP de Baleas Fernando Areal y Juan Miguel Villar Mir, el máximo accionista de OHL.
Once meses después el fiscal opina que ya está todo rastreado, pero resulta que Castro abrió hace semanas una línea de investigación sobre sí OHL pagó sobornos al PP al sufragar parte de las obras de su sede central en Génova 13 de Madrid y a cambio del concurso de Son Espases. Parte de estas pesquisas, que conectan con el caso Púnica, están declaradas secretas por el juez y podrían dar a nuevas imputaciones, algunas de ellas de campanilla. Tampoco se ha descartado del todo citar como imputado o testigo a Florentino Pérez, que fue quién ganó el concurso.
