La sociedad Aizoon, propiedad a partes iguales del matrimonio Urdangarin-Borbón, defraudó a Hacienda 77.000 euros a través de la contratación de trabajadores ficticios, cantidad que no alcanza el umbral del delito fiscal y se limita a una infracción tributaria. Este dato lo anunciaron ayer los tres funcionarios de la Agencia Tributaria de Balears, que actúan en auxilio de la fiscalía Anticorrupción y que realizaron la investigación sobre el instituto Nóos y sobre las empresas relacionadas.

Uno de los inspectores que declaró como perito explicó al tribunal que el engaño fiscal se cometió porque la sociedad familiar de los exduques de Palma se acogió a la denominada amortización de bienes. Se trata de una figura tributaria que consiste en que se pagan menos impuestos si se produce un incremento de trabajadores en una determinada sociedad. Urdangarin y su mujer se acogieron a esta ventaja tributaria aumentando la plantilla de empleados en Aizoon. Sin embargo, Hacienda sostiene que estos empleados solo figuraban de alta en la seguridad social, pero que nunca trabajaron para la empresa, de allí que se cometiera el fraude fiscal.

El perito de Hacienda explicó que todas las empresas tienen ventajas fiscales si adquieren una serie de bienes que quedan inmovilizados y, al mismo tiempo, incrementan la plantilla. Estas nuevas contrataciones se deben mantener, al menos, durante 24 meses. La Agencia Tributaria premia estos nuevos contratos con una reducción de la cuota fiscal.

Hacienda demostró, a partir de la documentación incautada, que al tratarse de una plantilla de trabajadores ficticia, Aizoon no tenía ningún derecho a esta reducción tributaria. Si no se hubieran declarado estas contrataciones, la sociedad, con sus ingresos económicos, tendría que haber abonado 77.000 euros en impuestos. La cuota impagada, según recordó el inspector, no alcanza la categoría de delito.

Por otra parte, otro perito citado por la defensa de Mercedes Coghen, la exconsejera delegada de Madrid16, sostuvo que esta empresa que impulsó la candidatura olímpica no tiene la categoría de sociedad pública, porque no presta servicios. Se limita a tareas de promoción, circunstancia que según el perito determina que se debe considerar una empresa privada. Esta afirmación está en contra del criterio de las acusaciones que mantienen que Madrid 16 es una sociedad pública.

La presidenta del tribunal, Samanta Romero, anunció ayer que finalmente los 16 acusados tendrán que regresar a la sala de juicio el 14 de junio y no el día 10, como se planteó. Esa fecha es cuando está previsto que termine la prueba pericial que se está practicando estos días. El tribunal, debido a que el proceso se iba a desarrollar durante seis meses, permitió la ausencia de los acusados durante la declaración de los testigos y peritos. Los acusados únicamente estuvieron presentes en el juicio durante los interrogatorios . De todos los acusados, solo dos de ellos han estado presentes durante todo el juicio. Han sido Diego Torres y Miguel Ángel Bonet. Por tanto, la infanta Cristina y su marido deberán volver el día 14 al banquillo.