01 de junio de 2016
01.06.2016
El juicio del caso Nóos

Los peritos afirman que Nóos debió justificar todos los gastos

Tres interventores del Estado critican el sistema de contratación que utilizó el Govern y cuestionan que la administración balear pudiera financiar con dinero los congresos turísticos

01.06.2016 | 01:06
El tribunal escuchó ayer las conclusiones de seis expertos citados como peritos.

Tres interventores del Estado que declararon ayer como peritos en el juicio del caso Nóos afirmaron que el instituto Nóos "estaba obligado a justificar todo el dinero de las subvenciones que cobró" para organizar las ediciones de los foros, tanto en Valencia como en Balears, porque se trataba de dinero público.

El tribunal del caso Nóos dio ayer inicio a la prueba pericial. Está previsto que declaren medio centenar de expertos, de los que seis lo hicieron ayer. Cuatro funcionarios que han elaborado informes sobre las actividades de Nóos y los contratos que firmaron con las administraciones, se enfrentaron ayer a dos peritos de parte, es decir, contratados por las defensas, que han elaborado informes que contradicen la versión de la administración.

Uno de los interventores cuestionó que el Govern balear, a través de Ibatur e Illesport, utilizara el sistema de colaboración para suscribir el acuerdo con el instituto Nóos, cuando esta figura apenas se utiliza en la administración pública. Detalló que esta figura "solo se justifica cuando existe una colaboración entre dos entidades públicas, pero nunca para justificar una subvención a una empresa privada", como en este caso podría ser el instituto Nóos. Por ello, afirmó que debió tramitarse un contrato de colaboración o de servicios, y ello suponía la tramitación de un expediente de contratación, con los correspondientes informes de los técnicos de la administración, que en este caso no se hizo. "Los contribuyentes tienen derecho a saber dónde ha ido a parar el dinero público", afirmó el perito, que insistió en que, pese a que se trataba de un patrocinio, los directivos de Nóos debieron justificar el destino de hasta el último euro que recibieron de la administración. También se refirieron los peritos al término "canon", que aparece señalado en los convenios que Nóos suscribió con la administración de Valencia para organizar los congresos turísticos. Uno de los interventores del Estado mostró su extrañeza por este término, por cuanto "en la administración no existe esta denominación", salvo que "se diera el dinero a alguien por estar allí y por no hacer nada". El experto en gestión pública explicó que la administración no contempla subvencionar este tipo de eventos, salvo que sea "un acto exclusivo y único", pero cuestionó que el instituto Nóos "fuera la única empresa del mundo capacitada para organizar este tipo de congresos.

Estos peritos, además de los convenios firmados en Balears, también analizaron los acuerdos suscritos entre Nóos y la administración de Valencia. El debate se centró en determinar si la Fundación Turismo Convention Bureau, empresa que utilizó la administración de Valencia para firmar los convenios con Nóos, se rige por el derecho público o privado. Los tres interventores del Estado lo tienen muy claro: la Fundación es una sociedad de carácter público y, por tanto, debe administrarse como una empresa de la administración. Uno de los funcionarios llegó incluso a calificar de "ilegal" la fundación porque asume una competencia que le corresponde al Ayuntamiento. En cambio, los otros dos peritos, ambos catedráticos de derecho administrativo, mantienen lo contrario, es decir, se la debe considerar como una empresa privada, a pesar de que la mayor parte de su financiación proceda de fondos públicos.

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