Fiscalía anticorrupción y Govern se pusieron ayer las pilas para evitar que dos de los sumarios de corrupción más importantes de las islas, los casos Palma Arena y Son Espases, tengan que ser archivados a partir del 6 de junio por una reforma legal sobre la duración de la instrucción. Otras dos causas por delitos cometidos por políticos, funcionarios y empresarios, los casos Ibatur y Maquillaje, también corren riesgo de ser archivados si antes del plazo mencionado la fiscalía no solicita su declaración como causas complejas. Estas causas son investigadas, desde hace años, por el juzgado de instrucción 2 de Palma, a cuyo frente está el magistrado Pedro Barceló.

Los casos Palma Arena, con varias piezas separadas pendientes, Son Espases, Maquillaje e Ibatur, también divididos en piezas separadas, corren riesgo de acabar archivados, o llevados a juicio sin pruebas contundentes, por una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo de instrucción de una causa penal.

Medio año como norma

La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como tiempo máximo de investigación de un caso sencillo medio año, desde el auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. Para ser un caso complejo caben nueve supuestos: grupos u organizaciones criminales; numerosos hechos punibles; gran cantidad de investigados o víctimas; necesidad de pruebas periciales o auxilio de expertos para analizar una abundante documentación o temas complicados; actuaciones en el extranjero; revisión de la gestión de empresas privadas o entidades públicas; o casos de terrorismo.

Corresponde al juez de instrucción definir el caso como complejo y también prorrogar las pesquisas hasta 18 meses más, pero siempre que se lo pida el fiscal. Las defensas no pueden solicitar esa ampliación de la instrucción y el juez tiene vedado decidirlo de manera unilateral.

La preocupación por la suerte de Palma Arena y son Espases llevó al juez José Castro a recordar a la fiscalía anticorrupción los nuevos protocolos implantados por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La fiscalía no respondió hasta bien entrada la mañana de ayer y remitió al juzgado de instrucción tres un dictamen solicitando que el Palma Arena, y aquellas de sus 27 piezas que no estén todavía cerradas, sea considerada causa compleja. Esta petición será aceptada por el juez Castro tras consultar a las partes, lo que permitirá disponer de 18 meses de instrucción, prorrogables otros 18 si hace falta.

En el caso de Son Espases, un sumario donde se investiga el presunto doble amaño del concurso para construir dicho hospital de referencia y el pago de sobornos al PP nacional por ese contrato, la Abogacía del Govern se ha adelantado a la fiscalía.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han reclamado al juez Castro la declaración de causa compleja, amparándose en una interpretación inédita de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría a otras partes distintas al fiscal activar el proceso de prórrogas.

Otro tipo de casos

Además de los sumarios de corrupción, existen otros casos de delitos económicos o de narcotráfico especialmente complicados que requieran una instrucción superior a los seis meses. La fiscalía de Balears tiene que revisar antes del 6 de junio todas las causas penales que estaban vivas a 6 de diciembre pasado, cuando entró en vigor la reforma.

Ya antes de la aplicación del cambio, que fue impulsado por el Gobierno del PP ahora en funciones, se alzaron numerosas voces críticas de la Justicia, que advirtieron de la imposibilidad de revisar ese volumen de sumarios con los medios disponibles por la fiscalía y del riesgo a que muchos delitos quedaran impunes.

Seis asociaciones profesionales de jueces y fiscales criticaron que la llave para ampliar los plazos estuviera en manos del fiscal, que no es el instructor de los sumarios.