Dos decenas de pensionistas y jubilados se concentraron ayer frente a la conselleria de Salud para reclamar el fin de copago sanitario en medicamentos que impuso a su colectivo el Gobierno de Mariano Rajoy. O, en su defecto, que no tengan que pagar más de lo que les corresponde y esperar meses a que la Administración les devuelva lo abonado de más, como ocurre en Balears por un problema informático al parecer de complicada resolución.
Nacho García, director asistencial del IB-Salut, calificó la protesta de "queja legítima", señaló que la solución de este problema es "una prioridad para nosotros" y aseguró que antes de final de año ya estará en marcha el programa informático que evitará que este colectivo tenga que pagar más de lo que le toca al retirar de las farmacias los medicamentos que les hayan prescrito.
Gabriel Huguet, portavoz de la Plataforma d'Associacions de Pensionistes i Jubilats de Mallorca organizadora del acto, denunció que habrá unos 75.000 pensionistas en las islas que perciben unos 10.000 euros anuales y que, por tanto, deberían pagar un máximo de 8 euros al mes por sus fármacos, tal y como establece el real decreto promulgado por el acual Gobierno en funciones.
"Es un escándalo que personas con pensiones de 650 euros mensuales hayan de gastar entre cien y doscientos euros al mes en fármacos, cuando solo les correspondería pagar 8, y luego esperar en ocasiones hasta diez meses que la Administración les devuelva lo abonado de más", señaló en referencia a los pensionistas y jubilados que padecen enfermedades crónicas y han de hacer frente a un fuerte desembolso mensual en medicamentos.
"Si la devolución se retrasa, llega un momento en el que el jubilado debe decidir entre medicarse o comer. ¿Y qué pasa con las personas mayores a las que se les pone en una difícil situación? Que muchas de ellas optan por el suicidio porque no saben cómo salir del problema", denunció el portavoz de la Plataforma, que no dudó en atribuir el aumento de estos casos a la difícil situación económica en la que se encuentra su colectivo. Una situación agravada además, dijo, por el hecho de tener que ayudar a familiares que se han quedado sin ingresos.
En quince días
Huguet lamentó además que un político que la pasada legislatura estaba en la oposición les asegurara antes de las pasadas elecciones que este problema -la adecuación del programa informático para no tener que pagar de más- quedaría solucionado en quince días. "Y ha pasado casi un año y seguimos igual", deploró.
Por ello, para denunciar su "invisibilidad" frente a las instituciones públicas, anunció que concentraciones como la de ayer las repetirán dos jueves más, el próximo 9 de junio y el día 23 de ese mismo mes, tres días antes de la repetición de las generales.
Preguntado por este asunto, el director asistencial del Servei de Salut admitió que arreglar esta disfunción informática está resultando más complejo de lo que esperaban porque las oficinas de farmacia de las islas tienen hasta tres programas de gestión diferentes y que todos ellos se tienen que actualizar para que, al llegar al tope de lo que debe pagar cada pensionista en función de su renta, se deje de abonar por la retirada de los fármacos.
"El otro programa que hay que actualizar es el de la receta electrónica que cuenta con dos patas, la de la prescripción y la de la dispensación", reveló García, que añadió que el IB-Salut se reúne cada quince días con el Colegio de Farmacéuticos y la dirección general de Farmacia con el objetivo se solucionar este problema antes de fin de año, se comprometió.
También reveló que solo el 38% del total de pensionistas de esta comunidad, unas 76.000 personas, superan el tope que han de pagar cada mes en las boticas. Y que, de ellos, el 60% (44.657 pensionistas) lo hacen por más de diez euros, que es la cantidad establecida para proceder a la devolución de oficio ya que, admitió, los trámites para devolver una cifra menor implicaría un coste financiero mayor para la Adminstración.
