Castro está cumpliendo con su palabra de que cerraría todas las piezas separadas del Palma Arena en los dos años de prórroga de su carrera que pidió voluntariamente, tras renunciar a jubilarse a los 70 años. El juez, pese a que se ha quedado sin magistrada de refuerzo y a que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach está dedicado en cuerpo y alma al juicio del caso Nóos, está finalizando la instrucción de algunas de las piezas separadas del Palma Arena que están pendientes de cerrar.
Ayer activó el juicio oral por el asunto del videomarcador que fue uno de los pocos elementos importantes del velódromo que salió a concurso. El problema es que para una licitación que se hizo, ésta, presuntamente, se amañó para favorecer a una empresa próxima a Miguel Romero, publicista dueño de Nimbus y amigo del PP, al que cobraba trabajos en negro.
El auto de fin de instrucción se hizo público al día siguiente de que el exgerente del Ibatur, Raimundo Alabern, confesara al juez Castro que el expresident del Govern Jaume Matas le ordenó en 2007 dar a dedo un patrocinio de 350.000 euros en favor de Nimbus.
Según Castro, Nimbus obtuvo otros 150.000 euros de patrocinio de Odeco, la empresa que cobró 2,3 millones de euros por construir e instalar el videomarcador en el Palma Arena.
Se da la circunstancia capital de que un directivo de Odeco era cuñado de Miguel Romero y por boca de éste supo, antes de que se convocara el concurso, que ganaría el contrato para el sofisticado marcador. A cambio su empresa tenía que entregar 150.000 euros a Nimbus en forma de publicidad para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista.
Demasiados chanchullos que siempre beneficiaban a los mismos. Suerte que Castro no se desalienta.
