De nada les ha servido al exdirector general de Deportes del Govern en 2006, José Luis (Pepote) Ballester y al exedil de Cort del PP Rafael Durán el responsabilizar de la contratación del videomarcador de esa instalación al exgerente de la misma Jorge Moisés, dado que ayer el juez José Castro activó el juicio oral contra los tres y otras cuatro personas relacionadas con ese avanzado equipamiento, que costó casi 2,3 millones de euros.

Castro dio por finalizada la instrucción de la pieza separada 18 y dejó en manos de la fiscalía anticorrupción y del Govern del Pacte acusar a algunos, o a todos, de los siete imputados de fraude y malversación.

Meses antes de la licitación

Además de los tres excargos políticos mencionados, el instructor mantiene que también participaron en el amaño del concurso para adjudicar el videomarcador y en el desvío de fondos públicos otros cuatro implicados: dos vinculados a Odeco Electrónica S.A. y a su filial Smartvisión S.A.S., Juan Carlos Rovira del Canto, representante legal) y Ricardo Arroyo Botana, directivo de las compañías; el publicista dueño de Nimbus Miquel Romero, cuñado de Arroyo Botana; y el técnico Sebastià Rotger.

Según mantiene el instructor, el presunto amaño del concurso para el videomarcador se produjo meses antes de la licitación, como lo demostraría un correo electrónico de Romero dirigido a su cuñado Arroyo. En ese mensaje el publicista afín al PP (Nimbus llevó las campañas electorales de ese partido en 2003 y 2007) le dice a su cuñado que "cuando te concedan el presupuesto del velódromo de Palma firmaremos un contrato con Odeco como patrocinador del Mundial (de Ciclismo en Pista)".

Romero le pidió a su cuñado un patrocinio de 150.000 euros para el campeonato que se celebró en mayo del 20007 en el velódromo Palma Arena, dinero que cobró Nimbus.

La misma compañía

El magistrado afirma que de las cuatro empresas que se presentaron al concurso para el videomarcador dos eran de la misma compañía (Odeco y Smartvisión) y nadie de la mesa de adjudicación reparó en esa relación. Esos licitadores fueron los que obtuvieron las puntuaciones más altas y, finalmente, el contrato fue adjudicado (el 11 de diciembre del 2006) a Smartvisión.

El juez destaca que las ofertas de las dos compañías eran idénticas, aunque una de ellas estaba supuestamente elaborada en Francia y la otra en Badalona. Las plicas venían firmadas el mismo día y por la misma persona, que era imposible que estuviese en Francia y España a la vez.

El Govern de Jaume Matas decidió gastarse un poco menos de dos millones en el videomarcador, que era uno de los equipamientos estrella del velódromo por sus avances tecnológicos. Sin embargo, el aparato costó unos 300.000 euros más que fueron pagados a Odeco France, que había absorbido a Smartvisión, sin expediente administrativo alguno.

Castro responsabiliza de esos pagos a Rotger, un técnico que no tenía autorización para autorizar gastos suplementarios fuera del concurso.

Rafael Durán era presidente del consorcio público para la construcción del Palma Arena y en su reciente declaración aseguró que su papel no era decisivo en ese organismo y que el gerente del velódromo era el que se ocupó de la adjudicación del videomarcador.

Por su parte, Pepote Ballester también se desmarcó del día a día en las obras del Palma Arena y explicó que su trabajo principal versaba sobre los clubes y las entidades deportivas.