Un tribunal de la Audiencia Nacional ha determinado que la cárcel de Palma no es la responsable de que puedan entrar sustancias estupefacientes en el centro penitenciario. Y no lo es porque no dispone en estos momentos de medios suficientes para realizar esta tarea de prevención y, al mismo tiempo, garantizar que se respeten los "derechos de los internos, de los visitantes y de quienes desempeñan sus funciones en el recinto", es decir, de los funcionarios. Ante esta falta de medios que impide la entrada de droga, lo único que se puede hacer es controlar e intentar evitar que los internos consuman estas sustancias.
Esta afirmación de los jueces se detalla en una demanda que la familia de un preso que falleció en la cárcel de Palma por sobredosis, presentó contra el centro penitenciario. Exigía una indemnización de 160.000 euros, reclamando la responsabilidad patrimonial de la administración General del Estado. La demanda, en cualquier caso, ha sido desestimada y los familiares tendrán que pagar las costas del proceso.
Los hechos que ha valorado el tribunal de la Audiencia Nacional, a través de esta demanda, ocurrieron en la cárcel de Palma el día 15 de noviembre de 2013. Esa mañana, durante el recuento de presos, los funcionarios descubrieron que un recluso se encontraba tirado en el suelo. Se avisó a la enfermería y se realizaron las maniobras de reanimación, que no sirvieron de nada. El interno estaba muerto.
Debido a este incidente, se realizó un registro en la celda. Se encontró cocaína, heroína y cannabis.
El juez ordenó que se le practicara la autopsia al cadáver y el forense determinó que, basándose en el informe químico, la causa fundamental de la muerte había sido una reacción adversa a las drogas, es decir, una sobredosis.
La madre y la hermana del interno acudieron a los tribunales. Denunciaron que la cárcel no había puesto los medios suficientes para evitar que el interno pudiera consumir drogas mientras estuviera privado de libertad. Esta reclamación fue inicialmente desestimada por el Ministerio de Interior, lo que llevó a la familia a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional.
El interno que murió en la cárcel solo tenía 21 años de edad. Era un consumidor habitual de droga, situación que, según la familia, conocían los responsables de la cárcel. No era la primera vez que sufría una reacción adversa a las drogas. Pocos meses antes de morir ya había sufrido otra sobredosis, aunque en esta ocasión logró remontar. Por este motivo, los demandantes denunciaban la falta de control por parte de la administración, lo que hubiera evitado que el recluso tuviera fácil acceso a las drogas que le ocasionaron la muerte.
La abogacía del Estado se opuso a esta reclamación económica, resaltando la importante labor en la lucha contra la comercialización de drogas que se desarrollaba en el centro penitenciario de la isla.
Para resolver la demanda el tribunal ha analizado en profundidad el caso de este interno y sobre todo sus antecedentes con respecto al consumo de drogas. A pesar de su corta edad, el joven ya se había apuntado varias veces al Proyecto Hombre para lograr dejar las drogas. Se le realizó un control de seguimiento durante cinco meses, pero el toxicómano recayó en el consumo. De hecho, siempre mostró una baja motivación para superar esta grave adicción.
La psicóloga del centro penitenciario de Palma realizó un seguimiento de este preso y su conclusión fue que tenía poca motivación para abandonar el consumo, lo que le llevaba a tener una conducta inestable y, sobre todo, sin plantearse un cambio de vida.
De hecho, según destaca la sentencia, el propio recluso reconocía a los responsables de la cárcel que mientras estaba en libertad consumía todo tipo de drogas.
Dentro de la investigación que se realizó sobre esta muerte, se tomó declaración al interno con el que compartía la celda. El preso confirmó que el joven consumía "todo lo que pillaba", es decir, cocaína, heroína, hachís y cannabis. El testigo dijo que nunca consumió delante de él, pero a veces lo "veía con reacciones raras, colocado".
El interno confirmó que su compañero compraba la droga en el patio.
Registros
La cárcel de Palma certificó que la celda de este recluso fue registrada hasta en catorce ocasiones en un periodo de tres meses. Varias veces se le intervino "material prohibido", es decir, drogas.
Para llegar a la conclusión de que la cárcel no tuvo ninguna responsabilidad en esta muerte, el tribunal destaca que "que la realización de una conducta prohibida y de riesgo no puede imputarse, siquiera de forma indirecta, a otros elementos que no sea la propia conducta del fallecido".
