Alexander Romanov, el presunto capo de la mafia rusa, saldrá en breve de la cárcel. Ayer terminó su odisea judicial, que se inició tras su detención, hace dos años y medio, en el chalet de Peguera, situado junto al hotel que había comprado supuestamente con dinero procedente de actividades criminales en Rusia. Romanov finalmente aceptó declararse culpable, tras alcanzar un pacto con la fiscalía Anticorrupción. El acuerdo le obliga a cumplir tres años y nueve meses de prisión y le supone perder el hotel Mar i Pins, que quedará en manos del Estado. Sin embargo, con este acuerdo en la sentencia no se hará ni una sola referencia a que pertenece a la organización criminal rusa conocida como Taganskaya, una de las más importantes del país.

Este acuerdo fue escenificado ayer ante el tribunal de la Audiencia que dictará sentencia. Supone que el caso, en el que estuvieron implicados los servicios secretos españoles, se cierra con una sentencia condenatoria, no solo contra Romanov, sino contra casi todos los acusados. Los únicos que salen absueltos tras este pacto serán los padres de la mujer del empresario ruso, a pesar de que Romanov utilizara a su suegro para que introdujera a su nombre las cantidades económicas millonarias con las que compró el hotel. La sentencia condenará a Alexander Romanov como autor de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental continuada y revelación de secretos. Las condenas por estos tres delitos suman tres años y nueve meses. También se le impone una multa económica de 4.244.470 euros. Esta cifra queda abonada con la entrega del hotel de primera línea de Peguera, que según el último peritaje, está valorado en diez millones de euros. Romanov solo pierde el establecimiento hotelero, no así el chalet, que continuará siendo de su propiedad.

La defensa del empresario ruso aceleró la negociación este pasado fin de semana, después de que la Sala rechazara anular el inicio de la investigación. El abogado Cristóbal Martell ha dirigido la negociación, a la que se han sumado otros letrados, con los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y José Grinda. Clave para este acuerdo ha sido el peritaje económico que presentó la defensa, en el que se demuestra que una gran parte del dinero que Romanov entró en España, tiene un origen lícito. Procede de los negocios que tenía en su país, sobre todo de los beneficios de varios gimnasios.

Así se explica que tras la negociación, frente a los 14 millones de euros que señalaba la fiscalía que procedían de actividades ilícitas en Rusia, la cifra blanqueada quede limitada a los 1,6 millones de euros. El fiscal reconoce que los 10,7 millones de euros y los 2,6 millones de dólares que manejó el empresario ruso en España son de procedencia lícita, es decir, que se ganaron legalmente y no a través de actividades criminales desarrolladas por el grupo criminal Taganskaya.

Anticorrupción, ante la debilidad de algunas pruebas que había en la causa, sobre todo con respecto al tema económico, decidió aceptar este acuerdo y modificar sustancialmente las penas que se solicitaban contra este ciudadano ruso. Muestra de ello es que de los 17 años de prisión que se pedían inicialmente, la condena definitiva ha quedado limitada a menos de cuatro años. El acusado lleva desde el día de su detención, en diciembre de 2013, encerrado en la cárcel de Palma. Debido al tiempo cumplido en breve podrá tener derecho a salidas y no tardará mucho tiempo en conseguir la clasificación de tercer grado.

Otra de las grandes beneficiadas por este acuerdo es la mujer del empresario, Natalia Vinogradova, que ha sido condenada por un delito de falsedad documental. La sentencia tampoco la vinculará en ningún momento con el grupo criminal, aunque inicialmente también se establecía que tomaba decisiones en la organización.

De los otros nueve acusados todos pagarán una multa económica, salvo un policía local de Palma que estará suspendido por haber buscado información en los archivos.