14 de mayo de 2016
14.05.2016
Legislación

El Código Ético del Govern no prevé sanciones si se incumple

El Ejecutivo balear aprueba las normas que deberán cumplir sus cargos sin contemplar la destitución en el caso de imputados y deja en manos de una comisión la "recomendación" de posibles medidas

14.05.2016 | 02:45
La consellera de Transparencia, Ruth Mateu, presentó el Código Ético.

El dato

  • Aprobadas las ayudas para el alquiler

    El Govern aprobó ayer la convocatoria de las ayudas para alquiler de viviendas de este año, consistente en el pago del 40 por ciento del alquiler siempre que este no supere los 600 euros mensuales. Las ayudas se dirigen a hogares con ingresos inferiores a 22.385 euros y no superarán los 2.400 euros anuales. Estas ayudas se podrán solicitar durante un mes y medio a partir de la publicación de la convocatoria en el BOIB, prevista para el próximo jueves. El Govern destinará con este fin 3 millones de euros, el doble que en la última convocatoria hecha el pasado año por el anterior Ejecutivo del PP y que benefició a 847 personas, con el objetivo de "duplicar este año los beneficiarios y llegar a los 1.600", según explicó Pilar Costa, portavoz del Govern. Costa recordó, por otro lado, que desde el lunes ya se pueden solicitar las ayudas para comedores escolares para el próximo curso. El Govern también acordó ayer destinar a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA) 5,3 millones entre 2017 y 2021 para atender los gastos de un crédito a corto plazo con el fin de "corregir parcialmente su situación financiera actual". Además,  el Ejecutivo aprobó los nuevos estatutos del IBISEC, por los que este organismo sólo tendrá como único alto cargo a su gerente.

El Govern aprobó ayer el Código Ético con el que deberán comprometerse todos sus cargos y asesores, aunque el documento tiene carácter "preventivo" sin contemplar ningún tipo de sanción para quienes lo incumplan. En el caso de que se adopten medidas, estas procederán de las "recomendaciones" que realice una comisión específica presidida por el secretario general técnico de la conselleria de Transparencia, Xavier-Lluís Bacigalupe, aunque la decisión final corresponderá al Govern.

El Código Ético no contempla ni siquiera la destitución inmediata de cargos que puedan ser imputados ya que, según dijo la consellera de Transparencia, Ruth Mateu, los partidos que forman el Govern (PSOE y Més) ya recogen en sus respectivos códigos éticos cómo actuar en esos casos. Sin embargo, cada partido tiene un criterio distinto. Así, aunque Més defiende la dimisión inmediata de sus cargos que sean imputados y en general aplica este criterio, no siempre lo ha cumplido, como ocurrió en su momento con el actual presidente del Consell, Miquel Ensenyat. En el caso del PSOE, su criterio es que las dimisiones deben producirse si se abre juicio oral contra el imputado.

Tanto Mateu (Més) como la portavoz del Govern, Pilar Costa (PSOE), afirmaron ayer que las recomendaciones de la comisión ética tendrán "cierta obligatoriedad" a la hora de atenderlas, estableciéndose así "un carácter vinculante", aunque más por el compromiso del Govern en este sentido que porque exista una obligación. El Código Ético sólo atará al actual Ejecutivo y no tiene rango de ley. "A veces no por tratarse de un texto legal se cumple más, sino que depende de la voluntad de cumplirlo", dijo Mateu poniendo como ejemplo la Ley del Buen Gobierno que "se incumplió desde 2013".

Los cargos y asesores del Govern deberán firmar el Código Ético en quince días. En el documento se regula los comportamientos relativos a la "imparcialidad y objetividad" en la toma de decisiones, así como no incurrir en "conflictos de intereses". Otros bloques se refieren a los comportamientos que tienen que ver con la transparencia, la austeridad en el uso de fondos públicos en el ejercicio del cargo y la "integridad". El objetivo, según resaltó Mateu, es "recuperar la confianza" de los ciudadanos que "cada vez son más exigentes" en lo que se refiere al comportamiento ético de los cargos políticos.

Entre las medidas que contempla se encuentra la de que los cargos públicos no podrán participar en la toma de decisiones en las que tengan o puedan tener intereses. Además, deberán publicar en la web del Govern sus currículos, agendas y gastos, así como los viajes y obsequios recibidos. No podrán usar medios públicos para usos o desplazamientos privados y el coche oficial sólo lo utilizarán por motivos relacionados con sus responsabilidades.

La adquisición de billetes de viaje para desplazamientos por trabajo deberán hacerla con la máxima antelación posible y buscando las tarifas más económicas, limitando al máximo los tiempos de estancia fuera de las islas, y procurar el uso de transporte público. El gasto de alojamiento deberá ser lo más "ajustado posible" y el de manutención sólo se reembolsará una vez justificado el importe y el motivo, con un límite de 30 euros por persona y menú, cuando se produzca por obligaciones del cargo, no para la manutención diaria. También se restringirá la habilitación de los despachos de los cargos públicos.

Los cargos y asesores del Govern no podrán utilizar su condición para obtener ningún trato favorable y, como regla general, no aceptarán ni ofrecerán ningún obsequio con cargo a fondos públicos, salvo los casos de atenciones protocolarias o de cortesía. Deberán evitar la aceptación de cualquier obsequio que "pueda conducir a una situación de conflicto de intereses" y los que se acepten de forma excepcional y por cortesía deberán ser de "escasa cuantía" y hacerlo constar en el registro de atenciones protocolarias y obsequios, que se publicará en la web del Govern y en su portal de transparencia.

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