El Govern reunió ayer a los cuatro consells insulars para abordar la problemática de los alquileres turísticos. La conselleria de Turismo que dirige Biel Barceló había presentado un borrador a los consells y a los ayuntamientos donde les instaban a ser ellos los que regulasen las zonas de apartamentos turísticos. Ayer, los consells se plantaron y el Govern cambio de propuesta. Planteó una norma cautelar dictada por la conselleria de Turismo que defina las líneas básicas del alquiler turístico.
La directora general de Turismo, Pilar Carbonell, aseguró ayer que "el documento que presentamos a los consells era un borrador que estaba abierto a todo tipo de cambios y hoy -por ayer- nos hemos reunido para abordar estos cambios".
La vía más factible para llevar a cabo la regulación de las zonas turísticas para alquileres vacacionales es mediante la redacción de un Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). Lo que ocurre es que este tipo de planeamientos territoriales necesitan, como mínimo, dos años para su redacción y aprobación. Mientras tanto, el Govern les ha planteado la posibilidad de aprobar esta norma territorial de ámbito autonómico para definir la regulación del alquiler vacacional.
Además de las zonas, también se deben regular la inclusión de las viviendas plurifamiliares para ser alquiladas. Carbonell apuntó la posibilidad de que esta normativa de carácter transitorio esté ligada a los planes territoriales de los consells y tenga vigencia hasta que cada isla apruebe su PIAT. La directora general de Turismo reconoció que antes de los seis meses deben tener una regulación del alquiler turístico, ya que así lo manda la Ley de la Ecotasa aprobada por el Parlament.
Esta norma, además de permitir el alquiler turístico en las fincas de pisos plurifamiliares, también aportaría a los ayuntamientos unas normas generales para desarrollar esta actividad en sus términos municipales.
Los consells salieron satisfechos del encuentro con el Govern. Las cuatro instituciones insulares celebraron una reunión conjunta la pasada semana con el objetivo de hacer un frente común entre ellos y con la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB).
La preocupación de los consells era que si se dejaba en manos de los ayuntamientos la regulación mediante modificaciones urbanísticas, todo el trabajo recaería sobre ellos. Entre otras cosas porque los municipios no tienen infraestructura para cambiar su planeamiento en seis meses.
Por otra parte, alertaban que se podría fomentar la presión urbanística de promotores que se dediquen a construir para arrendar a turistas. Al mismo tiempo, criticaban que la exigencia de entregar plazas turísticas obsoletas para poder iniciar la actividad favorecía a los más poderosos económicamente y perjudicará a los mas pequeños.
