Las patronales de transporte, y muy especialmente la asociación de autónomos del taxi de Mallorca, llevan años denunciando el constante incremento de la piratería en el sector, e incluso esta última organización llegó a contratar los servicios de una agencia de detectives privados para detectar la forma de actual de los 'piratas' en el aeropuerto de Palma. Eso explica la satisfacción de sus representantes durante la jornada de ayer, ante el anuncio de que este mismo mes se pone en marcha el plan de choque contra el intrusismo.
En concreto, el presidente de la asociación de taxistas, Biel Moragues, y el gerente de la federación balear de transportistas, Salvador Servera, coincidieron en destacar la importancia que tiene el que por fin se haya marcado una actuación coordinada entre diferentes Administraciones, a la vista de la colaboración que van a mantener varios departamentos del propio Govern así como los ayuntamientos, el Consell Insular de Eivissa o los Cuerpos de Seguridad del Estado..
Aunque también se admiten riesgos: uno de ellos, según se apuntó, es que la campaña puede tener un resultado limitado si no se buscar fórmulas que permitan una actuación inmediata en el caso de que se detecte a un taxi pirata y se denuncie. Sobre este punto, Salvador Servera planteó la posibilidad de crear un teléfono o un sistema por internet para la presentación de esas demandas.
Además, y para evitar confusiones, el gerente de la federación de transportista reclamó una identificación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Un aspecto reivindicado por Biel Moragues es que los controles no se limiten a los dos próximos meses, alegando que de poco servirá esta vigilancia si no se mantiene como mínimo durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre. Sobre este punto, el conseller Marc Pons ya avanzó que esta iniciativa se irá modificando en su diseño dependiendo de los resultados que se vayan consiguiendo y que serán analizados por la mesa sobre el intrusismo de la que forman parte tanto representantes del Govern como de organizaciones empresariales y sindicatos.
Según el representante de los taxistas, el punto más conflictivo del plan puede ser la detección de pequeños vehículos de transporte discrecional (que solo pueden trabajar con contrato previo y no ofrecer directamente sus servicios a los usuarios del aeropuerto) que actúan como taxis de forma irregular, al no servir para estos casos las cámaras lectoras de matriculas. Esta práctica ilegal quedó reflejada en el informe y el correspondiente vídeo elaborado por la agencia de detectives que esta asociación contrató.
